Entre la batería de medidas fiscales que aprobó este martes el Gobierno para apoyar a los afectados por la DANA, los ayuntamientos ponen el foco en la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que tenían previsto ingresar este mes de noviembre y que en muchos casos es clave para hacer frente a gastos extraordinarios como los que deben afrontar tras el desastre.
La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) ha alertado del "grave agujero" que puede acarrear en la tesorería de los ayuntamientos. Los inspectores celebran la medida, pero exigen al Estado que sea "muy ágil" compensando esos ingresos que dejarán de percibir este mismo mes las 78 entidades locales afectadas.
Recuerdan que el IBI es el principal ingreso local, más de 13.500 millones de euros al año entre todos los ayuntamientos. "Si dejas a los ayuntamientos sin su principal fuente de ingresos, generas "un grave agujero en tesorería que debería ser compensado rápidamente por el Estado", destaca el miembro de la Asociación, Juan Ignacio Gomar.
"De lo contrario, los ayuntamientos afectados, que ahora necesitan más recursos, pueden encontrarse con que no tienen ese dinero", añade. Recuerda que si bien la mayoría de los contribuyentes tendrían que abonar el impuesto este mes de noviembre, algunos ya lo han hecho, por lo que además los ayuntamientos tendrán que hacer frente a la devolución.
Por otra parte, el Gobierno no sólo exime a los afectados en las zonas de la catástrofe de pagar el IBI, también dejarán de pagar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y las tasas de tramitación de bajas de vehículos. Esto, destaca Gomar, refuerza la idea de que el Estado debe apoyar rápidamente a los ayuntamientos.
"El asunto es que el Estado sea ágil. Basta con remitirnos al volcán de La Palma, donde todavía existen cientos de millones de euros de ayudas que no han llevado. La exención de pagar estos impuestos para ayudar a los afectados es una excelente idea, pero el Estado debe ser ágil para no generar otro problema grave", sentencia el inspector de la Hacienda Local.
