Balón de oxígeno del Gobierno a los inquilinos para una mayor inquietud de los caseros. Distintos agentes del sector del alquiler de vivienda reconocen que el tope a las actualizaciones de contratos es una medida "lógica" siempre que sea estrictamente temporal, una condición que ponen en duda pese al anuncio del presidente Pedro Sánchez.
Desde una de las empresas que representa los intereses de los arrendadores particulares (85% del mercado) apuntan que su principal preocupación pasa por el recorrido en el tiempo que tenga finalmente la nueva regulación. "Nos tememos que cuando llegue junio -la fecha límite que ha anunciado Pedro Sánchez- esto se prolongue, lo que sí sería ya un problema muy serio". Desde otra firma del sector señalan que la decisión del Ejecutivo "no es mala", aunque hubieran estimado más conveniente y/o equilibrado que el límite fuera de, al menos, el 3%.
"Si esto es una medida coyuntural, dentro de un paquete de medidas para hacer frente al crecimiento salvaje de la inflación, no deja de tener su lógica", señala Emiliano Bermúdez, subdirector general de la inmobiliaria Don Piso. "El problema es que se vuelva una medida estructural, ya que los propietarios pasarían a querer vender sus pisos, como ha pasado en Cataluña con la famosa ley de topes del alquiler".
La experiencia vivida en Cataluña ha demostrado que cualquier medida no incentivadora en el mercado del alquiler tiene consecuencias inmediatas como la retirada de producto del mercado"Francisco Iñareta, portavoz de idealista
Sus temores de que la disposición del Ejecutivo se prolongue más allá del tiempo anunciado tienen cierto asidero. Según proyecta la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), la inflación promediará un 8% interanual hasta julio, esto es, una cifra ligeramente por encima del 7,6% del Índice de Precios de Consumo de febrero, el último publicado por el Instituto Oficial de Estadística. En otras palabras, el escenario excepcional que alega ahora el Ejecutivo para justificar la suspensión del artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos podría mantenerse para cuando caduque el Real Decreto. Para entonces, los caseros habrían 'sacrificado' el 75% de las subidas a las que le da derecho la actual LAU.
Los fondos del alquiler advierten de una posible litigiosidad
"Solicitamos al Gobierno que esta medida, que se anuncia como excepcional y temporal, sea una herramienta realmente establecida durante un periodo limitado, y que no se prorrogue de manera permanente, como ya ha ocurrido en otros casos, como con los Reales Decretos de paralización de desahucios", han manifestado desde la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, la entidad que representa sobre todo los intereses de grandes propietarios de vivienda en alquiler como el fondo de inversión Blackstone. En la misma línea, advierten de que "la medida generará inseguridad jurídica porque es cuestionable que los efectos de una Ley (Ley de Arrendamientos Urbanos) puedan limitarse de manera sustancial mediante un Real Decreto-Ley".
El nuevo decreto hace una distinción entre pequeños y grandes propietarios toda vez que permite a los primeros subir el alquiler más allá del 2% en el caso de que el inquilino lo acepte -no así a los grandes, que llevan tiempo denunciando una "discriminación". En cualquier caso, la decisión final será del inquilino.
Ya desde el propio sector se estaba recomendando no aplicar el IPC al 100% ya que podría provocar impagos o ruptura de contratos"Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com
"Lo más apropiado sería limitar la subida de rentas al incremento de la inflación subyacente, aquella que elimina los elementos más volátiles del índice de precios como la energía y los alimentos no elaborados", han reivindicado desde Asval. "Tendrían más sentido medidas incentivadoras en las que se favorezca a los arrendadores que voluntariamente no agoten la actualización de IPC o directamente, ayudas a los hogares".
En una línea similar, desde la Agencia Negociadora del Alquiler estiman que hubiera sido más equilibrada una limitación de actualizaciones al 3%. Desde el Gobierno han explicado que la medida del 2% sale del Índice de Garantía de Competitividad, una referencia contemplada por la Ley de Arrendamientos Urbanos y "un índice situado actualmente en el 2% y que no puede superar ese porcentaje de acuerdo con su definición".
Ahorro de 60 euros para inquilinos en Barcelona y Madrid
La limitación del alquiler que prevé el Gobierno no es lo ideal pero ataca una situación que las propias empresas del sector ven como preocupante. "En ciudades como Madrid o Barcelona donde el precio del alquiler mensual ronda los 1.200/1.300 euros, la vinculación al IPC supondría un aumento de unos 85 euros al mes, lo que resultaría en el pago a mayores de casi una mensualidad a final de año. Un aspecto asfixiante para quienes sus salarios no han aumentado al mismo ritmo", señalan desde el portal de anuncios inmobiliarios Fotocasa. "Además, en un contexto de inflación desbocada, la factura energética y del gas también se ha incrementado, son suministros a los que los inquilinos también han tenido que hacer frente".
Según una estimación de la Agencia Negociadora del Alquiler, un alquiler tipo en Madrid, incluida la inflación, la luz y el gas, se ha encarecido en 96,5 euros al mes entre marzo de 2021 y marzo de 2022. Desde la misma empresa aseguran haber detectado que el 70% de los potenciales inquilinos presentan ya ratios de endeudamiento superiores al 50%, por lo que han recomendado a sus clientes -unos 5.000- no cargar toda la inflación a la hora de renovar contrato con sus actuales inquilinos. Atendiendo a una encuesta suya, solo el 15% de los caseros repercutieron entre diciembre y febrero el 100% de la inflación, si bien el 80% de todos los propietarios lo hizo en al menos algún grado.
"Aunque la inflación afecta en mayor medida al inquilino, el arrendatario también se verá perjudicado", advierten igualmente desde Fotocasa. "No solo porque dejará de percibir una cantidad en la que la variación estaba estipulada en el contrato mientras el coste de la vida sigue en aumento, sino que varios de los gastos directos de la vivienda a los que el propietario tiene que hacer frente también es probable que se incrementen". Según datos de la Agencia Negociadora del Alquiler, antes de la pandemia había entre 570.000 y 855.000 propietarios particulares de más de 55 años que estaban en situación de especial vulnerabilidad por estar jubilados y/o tener la vivienda en alquiler como principal fuente de ingresos.
