Los agentes inmobiliarios dan por hecho que el Gobierno no impondrá un control general de los precios del alquiler, pero sí tomará medidas intervencionistas al respecto en la nueva Ley de Vivienda que ahora tramita.
Uno de los grandes ejes de la negociación entre el PSOE y Unidas Podemos sobre esa ley pasa por el control o no, desde el Estado, de los precios del alquiler de viviendas.
En conversación con Vozpópuli, el presidente de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de España Vicenç Hernández Reche asegura que no habrá un control generalizado de los precios del alquiler de vivienda.
"La historia demuestra que el tope al alquiler solo funciona cuando se dan dos características: se hace por carácter temporal y concreto en zonas muy específicas... y siempre y cuando se acompañe con medidas de tipo social, en las que la Administración Pública invierte dinero", remarca Hernández Reche.
Insiste en que los planes de promoción de vivienda pública-privada como los proyectos anunciados recientemente por el propio Gobierno, Barcelona y Madrid, deben formar parte de una política estructural dada la hoy escasa cuota de la vivienda a precio protegido en el mercado.
"Se trata de medidas como, por ejemplo, incentivos a los propietarios para que alquilen a determinados colectivos: si tú haces una rebaja para determinado inquilino, no te cobraré el IBI durante dos años", añade el presidente de la asociación nacional de los agentes inmobiliarios.
Frente a los ejemplos de disfunción del control de precios, como Berlín y San Francisco, se plantean las alternativas 'light' de Helsinki y Boston
"Así ha sido en lugares como Helsinki en Finlandia, Boston en EE.UU. -frente al control de precios generalizado de San Francisco y Berlín- y en una primera fase en París", afirma Hernández. "Hemos tenido conversaciones con el Gobierno y creo que ese será el camino que seguirá el PSOE en la nueva ley de vivienda".
Control 'light' pero no general sobre el alquiler
Como informó este medio, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha prometido al sector de los fondos de inversión inmobiliaria que no habrá un control de los precios del alquiler generalizado como el que defiende Unidas Podemos.
El propio Gobierno, de hecho, reconoció en un decreto reciente con motivo de la covid que el 85% del parque en alquiler está en manos de particulares, no empresas. Paralelamente, el Ejecutivo ha incidido en su 'agenda 2050' que, según sus estadísticas, una de cada cuatro viviendas en España permanece habitualmente vacía, lo que es interpretado por fuentes del sector como la antesala de una mayor carga fiscal sobre los propietarios.
El ala socialista estudia maneras intermedias, como bonificaciones fiscales a los propios propietarios - una medida que el sector inmobiliario aplaudiría - y/o topes a determinados alquileres en vigor en zonas que puedan ser calificadas de "tensionadas" (aquellas en las que el precio del alquiler suponga más del 35-40% de la renta media de la zona).
El País y ElDiario.es informaron la semana pasada que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de José Luis Ábalos se plantea imponer prórrogas indefinidas de determinados contratos en vigor de alquileres en zonas tensionadas. Vozpópuli ha intentado contrastar la información con el ministerio pero no ha obtenido respuesta.
La forma que adoptarían los 'topes' sería la de obligar a los caseros a prorrogar los contratos con el mismo precio al inquilino que lo solicite si la casa yace en una zona tensionada -calificativo que perduraría, en principio, por tres años.
El mercado de los alquileres representa alrededor del 20% de las casas en España, si bien el fenómeno crece en las zonas como Barcelona y Madrid.
Según datos de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, alrededor de 350.000 familias en España están en situación de profunda vulnerabilidad económica. Para ellas, el pago del alquiler representa, de media, un 48% de sus ingresos frente al 30-35% consensuado como salubre.
Así las cosas, el 10% de los inquilinos españoles estarían en esta situación de riesgo. Según otras estimaciones del sector, el problema del alquiler, afectaría principalmente a Madrid, Barcelona y Málaga.
