Un ciudadano particular elige para sus vacaciones destino, fechas y precio. A partir de ahí viviendas de otros ciudadanos particulares se despliegan en su pantalla en plataformas como Airbnb, Rentalia, la plataforma de alquileres vacacionales de Idealista, o Niumba. Los responsables de esas plataformas defienden que fomentan el negocio privado entre particulares, tal y como prometía el nacimiento de internet, hasta el punto de que Airbnb cuenta ya con 11 millones de usuarios. Entre los críticos, un sector hotelero que habla de elusión fiscal y de falta de garantías en caso de que algo salga mal y, sobre todo, un Estado que deja de ingresar muchos impuestos de nombres como Airbnb cuyo valor supera los 11.000 millones de dólares, el equivalente a los grupos hoteleros Hyatt o Wyndham.
"No se pueden cerrar los ojos a esta realidad", asegura el ministro José Manuel Soria
Ante ese dilema, el Ejecutivo está instando a las autonomías a que regulen los que se conoce como “alquileres vacacionales” a través de la Ley de Unidad de Mercado. Según confirma la Secretaría de Estado de Turismo, Industria ha planteado a las autonomías en tres foros diferentes que regulen y controlen con una legislación homogénea el alquiler de viviendas entre particulares. En concreto, esa directriz se ha trasladado en la Mesa de Directores Generales de Turismo, en la Sectorial de Turismo en la que se integran gobierno y comunidades autónomas y en el Consejo Sectorial de Turismo en el que también se integran representantes del sector.
El Ejecutivo justifica la regulación de esas prácticas en la necesidad de exigir una seguridad y una calidad en los alojamientos que se ofrecen en un destino como España, tercero en el ranking mundial y segundo en volumen de gasto. La falta de calidad puede dañar esa marca España, argumenta el Gobierno aunque el ministro de Industria, José Manuel Soria, admite que “no se puede cerrar los ojos a esta realidad”. Sin embargo, el Gobierno no tiene competencia directa para acometer esa regulación ya que las competencias en materia de turismo están transferidas a las comunidades autónomas y al gobierno central sólo le queda en sus manos la promoción exterior del destino. Por ese motivo, explican fuentes de Turismo, se están trasladando directrices a las comunidades a través de la Ley de Unidad de Mercado para que puedan regular tanto la cuestión de la calidad como la de la fiscalidad:
- Se intentan prohibir los alquileres por encima de 30 días: Así lo han hecho ciudades pioneras en ese terreno legislativo como San Francisco, Amsterdam o Hamburgo
- Se promoverá el alquiler de inmuebles enteros frente al arrendamiento de habitaciones: El objetivo es garantizar un mínimo de calidad de las instalaciones
- Se pretende cobrar IVA en todas las transacciones que ahora eluden ese impuesto y se debate si las viviendas arrendadas deben abonar, además del IBI, las tasas hoteleras que pagan el resto de establecimientos con esa finalidad y que los particulares eluden a día de hoy
El Ejecutivo se muestra preocupado por la existencia de alquileres que pueden incumplir también cuestiones como los obligatorios seguros e inspecciones a cambio de ofrecer precios más baratos.
Límites a la "economía colaborativa"
El Gobierno ha mostrado también su intención de controlar las aplicaciones que permiten a conductores particulares cobrar a viajeros por compartir trayectos. De hecho, la Generalitat de Catalunya ha anunciado que pretende cerrar la aplicación Uber que ofrece esos servicios de transporte metropolitano. Según explicó a Vozpópuli el Ministerio de Fomento, en este caso no se desarrolla una normativa nueva sino que se aplica la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT) que ya contempla que las personas o empresas que ofrezcan esos viajes "careciendo de la preceptiva autorización incurrirán en una infracción muy grave sancionable con multa de 4.001 a 6.000 euros" y que "aquellos usuarios que contraten los servicios de transportistas no autorizados incurrirán en una infracción grave sancionable con multa de 401 a 600 euros".
El Gobierno tantea los límites legales a la "economía colaborativa"
Esa normativa vigente, en el caso de los alojamientos turísticos, corresponde a las autonomías por lo que el Gobierno sólo puede instar pero han de ser cada una de las comunidades las que desarrollen su propio criterio. Hasta el momento, Cataluña es la que más ha desarrollado esa regulación.
Airbnb, la compañía líder en ese negocio en España, no respondió ayer a las preguntas de Vozpópuli. Sin embargo, la empresa niega en su página web tanto los problemas de calidad como de calidad como los de fiscalidad que menciona el Ejecutivo y asegura que ha aportado a Barcelona, la ciudad en la que ha fijado su sede en España, 128 millones de euros y 4.310 puestos de trabajo. Según las cifras de la empresa, su actividad está sirviendo a los usuarios a bandear la crisis ya que “el 75% de sus anfitriones cobra el ingreso medio por hogar de Cataluña o por debajo de éste”. Al mismo tiempo, está generando más beneficios a la ciudad que los hoteles tradicionales porque “sus huéspedes son más jóvenes, con una media de edad de 36 años que gastan 2,3 veces más dinero y se quedan 2,4 veces más tiempo que los visitantes típicos de Barcelona”.
