La bandera del Gobierno con el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) se tambalea. El primer proyecto 'estrella' de los fondos europeos presentado por el presidente Pedro Sánchez el 12 de julio de 2021 como motor de la economía a está bajo amenaza de 'muerte' tras conocerse esta semana que Seat y Volkswagen se plantean abandonarlo. Ford ya avanzó hace dos meses que renunciaba a los 100 millones de ayudas europeas que le fueron preasignadas.

El origen del problema parte de la convocatoria principal de este PERTE, a la que el sector del automóvil presentó sus proyectos entre abril y mayo y cuya primera resolución provisional se publicó en agosto. En ella el Ministerio de Industria adjudicó únicamente 703 millones de los 2.975 millones dispuestos, es decir, apenas un 25% del total, tal y como informó Vozpópuli.

De esta forma, dejó 2.300 millones sin repartir entre las empresas (entre ellas, Seat, Renault, Mercedes-Benz, Ford, Opel, Fagor, Faurecia, Sapa, Irizar, Hub, Stellantis, Envision, Acciona y Rieju), pese a que éstas habían solicitado cuantías muy superiores a las adjudicadas para llevar a cabo los proyectos. Algunas empresas, incluso, quedaron fuera de la convocatoria al no asignarles ni un euro.

Hay que aclarar que aunque parte de la inversión corre a cargo del Gobierno (en realidad de Bruselas, porque son fondos UE), otra la afrontan las empresas. Según los datos que maneja el Ejecutivo, el desarrollo del PERTE del vehículo eléctrico prevé una inversión total sumando la parte pública y la privada de más de 24.000 millones de euros hasta 2023 y crear unos 140.000 nuevos empleos, mientras que la contribución al PIB se situaría entre el 1% y el 1,7%.

Tras conocer el resultado de la primera resolución, las empresas iniciaron un periodo de alegaciones para intentar entrar en la convocatoria o, en caso de haberlo logrado ya, lograr una mayor dotación. Entonces, en conversaciones con Vozpópuli, algunas comentaron que la resolución "no tenía sentido" y la calificaron de "desastre", despertando una pérdida de interés en el sector también por la lenta ejecución, que esperaban una resolución definitiva de la convocatoria a mediados de septiembre.

Ya el 24 de agosto el grupo automovilístico Ford anunció que renunciaba a las ayudas del PERTE VEC que se iban a destinar a la transformación de la planta que la empresa tiene en Valencia. "Recientemente revisamos nuestras previsiones para Europa, que introducen un retraso en nuestros planes de producción para España, lo que significa que no podemos aprovechar el programa de financiación PERTE", explicó.

Este semana el grupo Volkswagen dejó en el aire su programa 'Future: Fast Forward', que contempla una inyección de más de 10.000 millones para la electrificación de la industria española convertir a España en un 'hub' de movilidad eléctrica. Entre otras iniciativas está la creación una gigafactoría en la localidad valenciana de Sagunto, un proyecto que contempla una inversión por parte del sector privado de 3.000 millones de euros. Una movilización ingente de recursos que podrían quedar en nada por la gestión que está haciendo el Gobierno de la convocatoria.

Casi tres meses después el Ministerio de Industria no ha publicado aún la resolución definitiva de la convocatoria y no se conoce el desglose por proyectos, pero este viernes el Ministerio de Industria avanzó que la asignación definitiva ascenderá a 880 millones (frente a los 600 millones que asignó inicialmente a los proyectos admitidos, descontando los 100 millones de Ford). Así, Reyes Maroto deja un 70% del presupuesto desierto y emplaza ahora a las empresas a una segunda convocatoria en el primer trimestre de 2023.

Fuentes conocedoras de la situación apuntan a un choque en el seno del equipo gestor de estos fondos puesto que el 'ala' política tiene una necesidad de incrementar las asignaciones de fondos mientras la parte técnica quiere asegurarse de que se cumplen las bases. Aunque parece haberse decantado por la prudencia en la resolución definitiva, el Gobierno también deberá responder ante Bruselas antes de que acabe el año por el ritmo de ejecución de las inversiones.

El tercer desembolso, en juego

España tiene una serie de hitos y objetivos comprometidos con la Comisión Europea que debe cumplir antes del 31 de diciembre para recibir el tercer desembolso de los Next Generation EU, dotado con 6.000 millones de euros. Después de recibir un anticipo de 9.000 millones en junio de 2021, un primer desembolso de 10.000 millones en diciembre de 2021 y un segundo de 12.000 millones este pasado mes de julio, Bruselas empieza a dar cada vez más importancia al avance de las inversiones para proseguir con los pagos y en esto tiene mucho que ver el primer gran proyecto del Gobierno, el PERTE VEC.

De hecho, sobre el papel consta que uno de los objetivos que el Ministerio de Industria tiene que cumplir antes del 31 de diciembre es adjudicar 1.200 millones de euros a través de los diferentes PERTEs que tiene en marcha, tal y como informó Vozpópuli. En concreto, debe conceder este dinero a "al menos 78 proyectos innovadores que impliquen una transformación sustancial de la industria en términos de eficiencia energética, sostenibilidad y transformación digital", según consta en el acuerdo firmado entre ambas partes.

En caso de no lograrlo, podría perder parte del dinero europeo a fondo perdido que le corresponde (77.000 millones en total) y aún no ha recibido. Fuentes empresariales lamentan que es "difícil" que este objetivo se cumpla ante la deriva del primer PERTE aprobado y más avanzado, el PERTE VEC, que tiene asignados 4.300 millones. Las mismas fuentes no perciben un problema sólo en la principal convocatoria del PERTE por 2.975 millones, sino también en otras ayudas que forman parte del mismo, como las del Plan Moves.

Esta misma semana el Banco de España publicó un informe sobre la efectividad de este Plan en el que concluía que el impacto del Programa MOVES II en 12 comunidades autónomas ha sido "estadísticamente nulo". Por tanto, en un contexto en el que los Next Generation EU se deben destinar a proyectos con impacto transformador, esto también puede suponer una piedra en el camino de España hacia la totalidad de los fondos.

Una vez el Ejecutivo solicite formalmente el desembolso de 6.000 millones antes de que acabe el año, Bruselas evaluará todos los hitos hasta el 31 de diciembre de 2022 ya entre enero y febrero de 2023. En esa evaluación entrarán los hitos marcados para el último periodo, pero también aquellos anteriores que tenían algún tipo de apunte o cuestión a mejorar, como el hito 173 ("Sistema de Información Integrado del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia") que ha desatado la polémica ante la publicación de algunos medios de que Bruselas habría congelado los fondos por no haber cumplido en su totalidad con este hito de crear un sistema de control de los fondos.

La Comisión Europea dio por cumplido este hito en diciembre 2021, procediendo al primer desembolso de 10.000 millones, pero detectó deficiencias que solicitó a España que resolviera en un periodo de seis a nueve meses. Éstas tenían que ver con la parte práctica del sistema de control, pues España se centró fundamentalmente en su diseño, pero no en su implementación. Sobre este asunto, Bruselas ha aclarado públicamente que no ha congelado fondos a España y los compromisos adquiridos por el Gobierno de mejorar esta plataforma los revisará cuando evalúe la próxima solicitud de los 6.000 millones.

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