Hacienda ha comenzado una ronda de reuniones con los grandes bufetes de fiscalidad del país para que inviten a sus clientes a acogerse a la amnistía fiscal. Así lo han confirmado fuentes de esos despachos que no han querido ser identificados para proteger la relación con sus representados pero que confirman que se han producido, al menos, tres encuentros con los responsables de Hacienda: el primero hace mes y medio, otro hace dos semanas y el último la semana pasada con un mensaje: que los abogados recomienden a los grandes defraudadores que afloren su dinero.
Esos bufetes han trasladado a Hacienda un problema: el diseño de la amnistía cierra la vía del delito fiscal pero permite la persecución de los delitos que la rodean como los delitos penales o de blanqueo de capitales en que se pueda haber incurrido. Tal y como informó Vozpópuli, el Servicio contra el Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) se rige por normas como el código penal o una directiva europea que no pueden ser anuladas por una orden ministerial y que, por tanto, dejaría abierta la puerta a la persecución de posibles delitos.
Los despachos de abogados consultados han demandado a la Agencia Tributaria un “pronunciamiento” que vaya más allá de Hacienda. Piden que tanto el SEPBLAC como la Fiscalía se pronuncien a favor de la amnistía antes de recomendar a sus clientes que se acojan a ella.
Hacienda habla de un problema “sólo teórico”
La Agencia Tributaria ha respondido a esos grandes bufetes con un razonamiento jurídico: "ese es un problema más teórico que práctico", han dicho los responsables de Hacienda. El fisco sostiene que si se anula el delito principal (el delito fiscal) decaerían los delitos accesorios (entre ellos el de blanqueo). Además, Hacienda ha intentado tranquilizar a los grandes bufetes con un mensaje: no habrá traspasos de información al SEPBLAC, es decir, la amnistía fiscal no abrirá la puerta a persecuciones penales.
"El objetivo es dotar la amnistía de seguridad jurídica", aseguran fuentes de la Agencia Tributaria
El objetivo de Hacienda es –según fuentes del propio organismo—atraer a los grandes defraudadores para aflorar la mayor cuantía posible de fondos. Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que la recaudación final podría superar los planes originales que preveían aflorar 25.000 millones de dinero oculto y recaudar un 10% en impuestos hasta alcanzar los 2.500 millones de ingresos para el fisco, aunque Hacienda no cuantifica los posibles ingresos adicionales.
La voluntad de Hacienda por despejar las dudas jurídicas es tal que el subdirector General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica de la Agencia Tributaria se ha sometió la semana pasada a un cuestionario de la Asociación Española de Asesores Fiscales con el objetivo de aclarar sus dudas y defender la amnistía fiscal. “El objetivo de los encuentros es dotar la amnistía de seguridad jurídica”, afirman los responsables de Hacienda consultados.
Los grandes bufetes no recomendarán la amnistía “todavía”
Los despachos más relevantes en materia de fiscalidad no recomendarán a sus clientes que se acojan a la amnistía… todavía. Según los responsables consultados, “todavía queda tiempo para acogerse a ese mecanismo y todavía quedan dudas”.
El gesto más relevante ha sido el que han firmado los socios responsables de Garrigues que, en una carta abierta, transmitían a sus clientes que “la norma recién aprobada supone un escenario atractivo para que los contribuyentes salden sus cuentas con la Hacienda española con un coste razonablemente bajo” aunque ninguno de los cuatro grandes bufetes del país ha hecho una recomendación explícita a sus clientes.
"Seguiremos atentos antes de emitir una recomendación", aseguran esas fuentes. Igualmente, los asesores fiscales esperan antes de emitir sus directivas.
