Tanto las bancas privadas que operan en España como (oficiosamente) Hacienda están convencidos de que una gran parte de las rentas afloradas en el proceso de amnistía fiscal se repatriarán a España más pronto que tarde. Y opinan esto por tres motivos concretos. En primer lugar, la evidente desaparición del incentivo tributario que supone el impago de impuestos. En segundo, las fuertes comisiones de la banca encargada de gestionar y custodiar esas rentas ocultas, especialmente dolorosas una vez que no existe su máximo incentivo. Y, en tercer lugar, el mecanismo de sanciones que se establece con la obligatoriedad de declaración de las rentas en el exterior, que entra ya en vigor. Al primer y más mínino error, multa de 10.000 euros. A partir de ahí, cada fallo suma otros 5.000.
El 1 de febrero comienza el periodo establecido por el Gobierno para que los que regularizaron su situación con Hacienda efectúen la declaración de bienes en el exterior. La amnistía fiscal pone al día a los evasores con el fisco, pero no supone en ningún caso la imposición de una repatriación de bienes, aunque esta declaración es una invitación clara a colocar de nuevo esas rentas en territorio nacional.
Conforme recoge el borrador del modelo 720 de Declaración Informativa sobre Bienes y Servicios en el Extranjero en su disposición adicional, en el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas, títulos, activos, valores, derechos, seguros y rentas en entidades de crédito situadas en el extranjero, “la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros”.
Aún no está listo
Conviene recordar que la entrada en vigor de este modelo comienza el próximo viernes, aunque todavía no está disponible el modelo definitivo. Lo existente hasta ahora es un borrador aunque desde la Agencia Tributaria señalan que “confiamos en que estará a su debido tiempo (a pesar de que apenas quedan 48 horas) y que no diferirá apenas del borrador”.
No en vano, a pesar de que los contribuyentes tienen tres meses para efectuar esa declaración (que sin duda cumplimentarán lo más tarde posible), los asesores sí necesitan cuanto más tiempo mejor para conocer al dedillo el modelo.
Pero el mecanismo de sanciones es un inconveniente claro: “es sencillísimo que Hacienda considere alguna información incorrecta y a partir de ahí, empieza a sumar”, comentaban desde una boutique de patrimonios.
Por su lado, en un gran banco privado internacional señalaban que “prevemos un movimiento de retorno indudable. No se verá de inmediato, pero salvo inversores que de verdad quieran mantener su dinero en el exterior para cubrirse del riesgo de ruptura del Euro; que ya son menos, estar fuera va a ser muy costoso”.
¿Mucho más de 40.000 millones?
El importe puede ser de gran envergadura. Cristóbal Montoro señaló que una primera estimación de las rentas afloradas, que no han pagado impuestos pero ya están detectadas para futuras tributaciones, superaban los 40.000 millones de euros (un 4% del PIB aproximadamente).
Pero cada vez son más las voces que afirman que esta ha sido una cifra muy conservadora por parte del ministro. Desde un despacho jurídico señalan que, en función de los rendimientos de las carteras y los tipos medios aplicados, “el rango puede oscilar entre los 40.000 y los 120.000 millones”. Una horquilla espectacular que en la Agencia Tributaria consideran “debatible, pero no descabellada”.
Queda por ver cuánto aumenta la recaudación la cifra de declaraciones complementarias correspondientes a 2011 que no recogía el formulario específico del modelo 720 de la Declaración Tributaria Especial (DTE). La DTE ha ingresado 1.200 millones procedentes de los 12.000 declarados, pero algunas fuentes indican que “las regularizaciones de 2011 darán una grata sorpresa y son una bala que se guarda Montoro en la recámara”.
