Hace un año, un mes y dos días que Banco Santander envió un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que anunciaba que Andrea Orcel no se incorporaría como nuevo consejero delegado de la entidad tras haber anunciado su fichaje meses antes. ¿El motivo? Orcel resultaba demasiado caro.
Aquel comunicado y la posterior nota de prensa enviada a los medios de comunicación dieron el pistoletazo de salida a una guerra judicial que se formalizó el 27 de mayo de 2019, cuando Orcel y sus abogados presentaron una demanda contra la entidad que preside Ana Botín por el fichaje fallido. El financiero, por entonces en las filas de UBS, reclamaba una indemnización de más de 100 millones de euros al considerar que se había incumplido su contrato, una cifra que duplica lo que le costaba al banco su fichaje.
Por su parte, Santander defiende que no existe tal incumplimiento. En su opinión, el banco se limitó a enviar a Orcel una carta oferta, pero eso no tiene la validez jurídica de un contrato y, por tanto, no procedería abonar ninguna indemnización. Orcel no opina lo mismo y sostiene que lo que firmó con la entidad sí tiene la validez de un contrato.
¿Manipulación de pruebas?
Tras presentar la demanda, desarrollada en más de 200 páginas, Santander y sus abogados de Uría Menéndez contestaron y en su escrito adjuntaron una serie de correos electrónicos que dispararon las alarmas de Orcel y el despacho que le representa, De Carlos Remón. Como ya desveló este diario, el financiero italiano envió varios escritos al juzgado en el que acusaba a la entidad de adjuntar pruebas manipuladas tras omitir algunos datos de los citados correos, todo con el objetivo de confundir al juez.
En esa documentación, Orcel también afirmó que “grabar no es una práctica de dudosa calidad ética y moral; mentir sí lo es. Y mentir en un juicio manipulando pruebas puede ser, además, un delito”. Esta acusación no es baladí y es una respuesta al comunicado de prensa hecho público por Santander el pasado verano en el que acusaba al financiero de prácticas “de dudosa calidad ética y moral”por grabar conversaciones que ha usado para defenderse.
Tras presentar esos escritos, Orcel formalizó una querella que fue presentada el pasado 11 de noviembre en la que acusaba a la entidad de un presunto delito de estafa procesal. Hace unos días, el juez ha optado por no admitirla a trámite tras considerar que la omisión de algunos datos no es suficiente como para confundir al instructor del caso. Orcel todavía tiene posibilidad de recurrir esta decisión.
