La titular del Juzgado de lo Social número 5 de Zaragoza ha decidido suspender el macrojucio contra Glovo previsto para este lunes. La nueva fecha para su celebración es el 27 de marzo. Esta es la primera demanda de oficio, por tanto colectiva, en la que se pretende dirimir si los trabajadores de esta compañía son o no falsos autónomos.
Este juicio, en el que se ha personado UGT, deriva de unas actuaciones previas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) que pedía a la empresa que se hiciera cargo de la liquidación de las cuotas a la Seguridad Social de 324 riders a los que consideraba falsos autónomos.
La Inspección ha acudido al procedimiento judicial para que la calificación de la relación laboral sea confirmada por el Juzgado de lo Social.
Motivo de la suspensión
No obstante, antes de iniciarse el juicio, la empresa --que defiende que mantiene una relación laboral apropiada con los riders-- ha solicitado que se oficie a la Agencia Tributaria una prueba sobre las retribuciones que han percibido los repartidores durante un periodo y ha pedido también que la Tesorería General de la Seguridad Social aporte unas certificaciones sobre el alta y baja en el régimen de autónomos de parte de los repartidores afectados.
La titular del Juzgado ha admitido una parte de esta prueba, aunque ha apuntado que algunos informes de la Agencia Tributaria no son necesarios por el momento. "Contra esta decisión, que se adopta el miércoles de la semana pasada, la empresa interpone un recurso oponiéndose y es lo que ha provocado la suspensión", ha explicado el abogado de UGT, Bernardo García.
Ha agregado que cuando el recurso de la empresa ha sido notificado al resto de las partes, UGT lo ha impugnado de manera inmediata, pero "hay otros abogados personados de oficio que no habían sido notificados, por lo que no han tenido tiempo de oponerse".
El sindicato ha propuesto que esta cuestión previa "se ventilara sobre la marcha, de manera oral" y ha esgrimido que pedir más información a la Agencia Tributaria "no era necesario". No obstante, la empresa se ha opuesto y la magistrada ha considerado que había que suspender el señalamiento y fijar uno nuevo para marzo.
"Muy tarde"
Bernardo García ha considerado que esta fecha para la celebración del juicio es "muy tarde", ya que "hay más de 300 personas afectadas". Ha lamentado que se trata de un juicio señalado hace un año y que se podrían haber pedido las pruebas "hace meses", aunque ha reconocido que "con la ley en la mano" la compañía ha actuado en tiempo y forma.
El abogado de UGT ha incidido en que la plataforma digital que emplea Glovo es clave para determinar qué tipo de relación laboral existe con los riders, ya que aunque tengan relativa flexibilidad a la hora de determinar los días y franjas horarias que van a trabajar "si no entran en el sistema que establece Glovo, pueden verse perjudicados e incluso cesar en la actividad, una situación semejante a la de cualquier persona que trabaja en una empresa".
Modelo de trabajo autónomo
El director de Políticas Públicas de Glovo, Miguel Ferrer, ha detallado que la compañía cree "firmemente" que el modelo de trabajo autónomo es "adecuado a la normativa española". De hecho, "es un ámbito que es elegido por una gran parte de los sectores económicos de nuestro país y, a parte, los repartidores que colaboran con nosotros eligen precisamente colaborar con nosotros porque el modelo de autónomos les permite autorganizarse y ser independientes".
Ha lamentado que en España, país de origen de Glovo, se haya decidido "optar por una vía de judicialización" en vez de promover "un espacio de diálogo y de búsqueda de soluciones con todos los actores económicos y sociales que necesitan estar en este ámbito".
Además, ha señalado que las resoluciones que está habiendo son "totalmente contradictorias". "Ha habido ocho resoluciones que han determinado que nuestro modelo de negocio es viable y es en lo que nos basamos para seguir trabajando y aportar valor en nuestro país", ha apostillado.
El director de Políticas Públicas de Glovo ha acudido a la Ciudad de la Justicia de Zaragoza acompañado por varios trabajadores que han defendido el modelo de relación laboral en régimen de autónomos que mantienen con la empresa.
