La subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) para combatir la inflación no sólo afecta a las hipotecas y al crédito de las empresas. Ya se ha empezado a notar en los costes de financiación de la deuda del Estado, y sobre todo de las comunidades autónomas, que no ha dejado de crecer. Según los datos del Ministerio de Hacienda, el gasto en intereses de las regiones en los cuatro primeros meses de 2023 (últimos datos disponibles) se ha disparado y ha aumentado casi un 40% (39,2%), hasta los 1.361 millones; mientras, el del conjunto de las Administraciones Públicas ha aumentado un 5,2%, hasta alcanzar los 10.000 millones. El aumento en la Administración Central ha sido del 3%, mientras que el de los organismos que cuelgan de los ministerios ha superado el 103%.

Esto supone un nuevo problema para quien ocupe La Moncloa tras las elecciones generales del 23-J, tanto si hay o no cambio de ‘inquilino’, y pone en cuestión el buen estado de “la moto” de la economía, como la ha definido Sánchez. Este nuevo ‘pinchazo’ mete presión a los Presupuestos de este año y añade un mayor grado de dificultad a la moderación del déficit que exige Bruselas ante la falta de políticas de ajuste público mientras que los ingresos y la economía parecen iniciar un proceso de ralentización.

Las comunidades han trasladado en su mayor parte la gestión de la financiación de su pasivo a ‘papá Estado’ (convirtiéndose en su primer acreedor con 187.000 millones de los 322.000 de la deuda total), a través de mecanismos de fondos favorables que les ha salvado de la quiebra. Ante la dificultad de acceso a los mercados, han pedido insistentemente una nueva reforma del sistema de financiación, que debería haberse realizado hace más de cinco años y que tendría que proporcionar más capacidad económica para ajustar las decisiones de gasto a los ingresos reales.

Además, durante la pandemia, el Gobierno Central ha intervenido de paraguas financiero y ha adelantado recursos y creando más fondos extraordinarios. Pero, ahora, la mayoría de las regiones han cambiado de gobierno tras las últimas elecciones. Y la situación puede ser más complicada a nivel político, si el ‘color’ de quien gane las elecciones generales no coincide con quien gestiona las autonomías. La carga actual de intereses puede llegar ya este año en algunas regiones, como Cataluña y la Comunidad Valenciana, a que tengan que dedicar más del 10% de su presupuesto al pago del pasivo. 

Para evitar que el problema se acentúe, urge actuaciones urgentes. Por ejemplo, reestructuraciones para que la amortización sea a un mayor plazo o incluso pueden producirse renegociaciones generando algún tipo de quita. Pero todo esto requiere que haya acuerdos políticos importantes por la asimetría de la financiación entre las comunidades. Por ejemplo, Madrid, País Vasco y Navarra nunca se ha enchufado a las ayudas de los fondos del Gobierno (que incluso han subvencionado los intereses), para evitar una dependencia y un mayor control del Estado. Prefirieron salir a los mercados a buscar financiación incluso a un mayor coste, pero han logrado un mayor diferimiento de plazos y van a poder capear mejor la situación que ya está generando el encarecimiento casi en vertical de los tipos de interés ya que podrán hacer frente a este repute de una forma más gradual. 

La carga actual de intereses puede llegar ya este año en algunas regiones, como Cataluña y la Comunidad Valenciana, a que tengan que dedicar más del 10% de su presupuesto al pago del pasivo

Salvo un Pacto de Estado, el futuro de las autonomías dependerá del partido que llegue a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones porque han cambiado las condiciones económicas (y también políticas): la época de tipos de interés bajos ha acabado; todavía queda recorrido para una mayor subida y la carga de la deuda seguirá aumentando, lo mismo que el principal; el BCE ha anunciado la finalización de los programas de compra de todo el pasivo existente; y vuelven las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad de la UE de reducción del déficit (3%) y de la deuda (60% del PIB).  

Además, es más complicado ahora renegociar un nuevo alargamiento de la deuda porque ya se han exprimido las condiciones.Las políticas monetarias están sujetas a cambios permanentes; y se percibe un cierto nerviosismo en los mercados financieros, en el momento en que la economía española empieza a crecer menos, con el riesgo de que los potenciales inversores puedan huir a otros países con cuentas públicas más saneadas. Por tanto, sólo cabe hacer ajustes en el gasto público, sobre todo del estructural e improductivo.

En la legislatura de Sánchez no se ha producido gesto alguno, a pesar del espectacular crecimiento de los ingresos (al rebufo de la inflación). Además, nada de todo esto figura en los programas electorales de los partidos. La situación empieza a ser preocupante. A medida de que la deuda va venciendo, las nuevas emisiones y el refinanciamiento son más caras y la vuelta a los mercados de las CCAA en busca de préstamos puede acarrear primas de riesgos desorbitadas por su sobrecoste.

Según los datos de Hacienda, esos 1.361 millones de intereses acumulados hasta abril de las CCAA  (es casi un tercio del dinero destinado a inversión pública y supera el gasto en subvenciones), frente a los 978 millones de hace un año, representan la mitad de todo el coste financiero de 2022. Lo que supone que a finales de año la cifra puede superar los 4.300 millones con una desviación superior al 10% del presupuesto inicial destinado a este coste (3.900 millones). Y empieza a trasladarse al déficit: en abril ha alcanzado los 3.366 millones cuando hace un año era de 1.634 millones en abril. 

Madrid, País Vasco y Navarra nunca se ha enchufado a las ayudas de los fondos del Gobierno (que incluso han subvencionado los intereses), para evitar una dependencia y un mayor control del Estado

La situación es más alarmante en algunas regiones. Así, frente a esa media de subida de la carga de las 17 autonomías de casi el 40%, Canarias registra hasta abril un incremento anual del 186%; Galicia llega al 74%; la Comunidad Valenciana alcanza el 67% y Baleares supera el 60%. Mientras, Asturias, País Vasco, Extremadura y La Rioja tienen más de un 50% de aumento. Las CCAA que no acudieron a ‘papá Estado’ en busca de refinanciación son las que menos aumento registran. Por ejemplo, Navarra es la única región en que decrece (17%) este pago mientras que, por ejemplo, en Madrid sólo sube un 28%.

En términos absolutos, Cataluña ha gastado 375 millones en pagar intereses en estos cuatro primeros meses del año. Le siguen: Madrid (281 millones); Comunidad Valenciana (170 millones) y Andalucía (133 millones). Respecto al presupuesto total, esta partida ya representa en media el 2% del gasto presupuestario total de las autonomías, medio punto más que hace un año y, por ejemplo en Cataluña alcanza el 3% (2,3% hace un año).

La deuda regional que más crece en la UE

Lo que es evidente es que esos mecanismos extraordinarios de financiación, que creó el PP y que ha incrementado el PSOE, han hecho que el volumen la deuda de las CCAA haya crecido muy rápidamente desde la crisis financiera de 2007. Según un informe de la Airef, España es el país de la OCDE en que la deuda regional ha aumentado más intensamente desde el comienzo de la crisis financiera. En marzo de 2023 (últimos datos disponibles) se ha situado en 322.211 millones (26% del PIB), casi un 10% más (unos 27.000 millones) que en el mismo periodo en el año previo a la pandemia (2019), con tipos de interés negativos y un 420% más (unos 260.000 millones) que en el inicio de la gran depresión.

El crecimiento ha sido exponencial. En los últimos 15 años las deudas del País Vasco y de Murcia han crecido casi un 1.700%; la de Castilla La Mancha ha aumentado un 751%; la de Aragón, un 682%; la de Cantabria, un 677%; la de Castilla y León, un 671%; y la de Extremadura ha subido un 555%. Galicia (240%) y Madrid (242%) son las autonomías en que menos ha crecido el pasivo durante esos años. 

Cataluña es la región más endeudada: acapara un 27% de la deuda total de las CCAA (85.456 millones); un 17% es de la Comunidad Valenciana (55.439 millones); un 12% es de Madrid (37.459 millones); un 11% pertenece a Andalucía (36.744 millones); y un 5% es de Castilla La Mancha (15.574 millones).

Además, de los 187.029 millones que tienen adeudados y colocados mediante los mecanismos extraordinarios de ayudas gestionados por el Tesoro Público del Estado, 71.852 millones (38%) corresponden al pasivo de Cataluña. Es decir, esta comunidad es la que más depende del grifo de la ayuda estatal y difícilmente podrá acudir ahora a los mercados en búsqueda de refinanciación o de una nueva financiación de emisiones sin tener que pagar extratipos prohibitivos.

La Comunidad Valenciana es la segunda mayor deudora al Estado con 46.274 millones (25% del total de los mecanismos); 25.276 millones (8%) son de Andalucía; y, por ejemplo, 9.762 millones (3%) corresponden a Murcia. Madrid, País Vasco y Navarra no tienen un solo euro de deuda gestionada por el Estado, ya que han acudido a los mercados financieros y las colocaciones las tienen con una vida media más elevada y con plazos más largos. Lo que es evidente es que los gastos de los intereses de las CCAA acogidas a esos mecanismos estatales subirán más porque cada año vencerá un porcentaje mayor de su stock de deuda.

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