Las Audiencias Provinciales se posicionan a favor de las empresas frente a Bankia por la salida a bolsa de la entidad. En concreto, ocho de cada diez sentencias en segunda instancia dan la razón a los inversores institucionales frente al banco que ahora preside José Ignacio Goirigolzarri por la operación de salida a bolsa (OPS) acometida en 2011.
Según consta en el informe semestral del banco, a 30 de junio de 2018 las Audiencias Provinciales habían dictado 28 sentencias por la OPS, de las cuales 22 -5 referentes a personas físicas y 17 a personas jurídicas- resultaron desfavorables para el banco.
La identidad de estos inversores no es pública, pero según fuentes cercanas al proceso, son aquellas pequeñas y medianas empresas que carecen de departamentos financieros, y que por lo tanto contaban con menos medios para analizar la viabilidad de la operación, las que están obteniendo el favor de los tribunales.
No se trata de los grandes inversores de la operación, entre los que destacaban Santander, CaixaBank, Iberdrola, Mapfre, Grupo Villar Mir, Gestamp o Telefónica, entre otros. Según el folleto, se consideró institucional a los inversores que suscribieron más de 250.000 euros en la operación. De los 3.100 millones que captó la entidad, el 40%, unos 1.200 millones, fueron en el tramo institucional.
Doctrina Bankia
De hecho, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que da la razón a Bankia frente a Iberdrola -y que no se incorpora en el cómputo, pues se dictó pasado 3 de julio, una vez finalizado el primer semestre-, incide en que, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, a la eléctrica, como multinacional, "se le presume la experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus riesgos", y obtener más información contenida en el folleto de la operación.
Bankia ha recurrido ante el Tribunal Supremo cinco de las sentencias que ha perdido, atendiendo al perfil "relevante" del inversor
De los grandes inversores institucionales que demandaron a Bankia por la OPS -entre los que se encuentran Grupo Villar Mir, Porcelanosa, Meliá o la promotora de Calatayud, Promociones Warsage, además de la propia Iberdrola-, ninguno ha obtenido una sentencia favorable.
En cualquier caso, de las 22 sentencias en segunda instancia que dan la razón a los inversores institucionales, Bankia ha decidido recurrir cinco ante el Alto Tribunal, atendiendo al perfil "relevante" del inversor, según explica en el documento.
Más de 800 procedimientos pendientes
A cierre del primer semestre, entre minoristas e institucionales, todavía existían vigentes un total de 802 procedimientos civiles por la salida a bolsa y compras posteriores de acciones, cifra que se ha reducido significativamente desde los 2.094 que había a finales de 2017.
Hasta la fecha, el grupo ha utilizado provisiones por 1.864 millones de euros por la operación, de los que 17 millones se han utilizado entre los meses de enero y junio. Según Bankia, esta provisión cubre "suficientemente" los importes a los que tuviera que hacer frente a consecuencia de los procesos civiles en curso.
