La complicada situación financiera de Escal, la concesionaria del Castor, derivada de la exigencia por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de devolver las cantidades ingresadas por el rescate de la concesión para explotar el polémico almacén de gas, ha motivado que la firma encargada de auditar las cuentas de la sociedad exprese sus dudas sobre la viabilidad de la filial de ACS, hasta el punto de optar por no emitir una opinión sobre sus cuentas del año 2018.
En el informe de auditoría correspondiente al último ejercicio finalizado, Deloitte señala que la decisión del organismo regulador de revisar de oficio los pagos a Escal procedentes de las liquidaciones del sistema gasista supone la existencia de una incertidumbre para el futuro de la empresa, toda vez que la compañía, participada en dos tercios de su capital por ACS, decidió no registrar provisiones para afrontar una posible decisión en contra de sus intereses. Precisamente, la que ha terminado por hacerse efectiva.
A la fecha de la firma del informe, comienzos del pasado mes de abril, la CNMC todavía no había tomado una decisión sobre los pagos relacionados con el rescate de la concesión del Castor (que también afectan a Enagás y las entidades que ostentan los derechos de cobro). A pesar de ello, Escal descartó que esta circunstancia tuviera algún tipo de impacto en sus cuentas.
En concreto, el informe de auditoría hace constar que los administradores de la compañía consideran que "el derecho de la sociedad a percibir las cantidades indicadas no debería verse afectado por la declaración de inconstitucionalidad parcial declarada por el Tribunal Constitucional y, por consiguiente, entienden que los acontecimientos descritos no deberían afectar a su situación patrimonial".
Sin embargo, el optimismo de los responsables de Escal no es compartido por la firma auditora. "La posibilidad de una resolución diferente a la prevista por los administradores […] afectaría a la capacidad de la sociedad de hacer frente a sus obligaciones y por tanto indican la existencia de una incertidumbre material sobre su capacidad para continuar su actividad". Deloitte concluye que dicha capacidad dependerá "del resultado final de dichos procedimientos".
Confirmados los peores augurios
El tiempo ha terminado por dar la razón a los auditores. El regulador que preside José María Marín Quemada resolvió exigir la devolución de los pagos relacionados con el rescate del Castor, que en el caso de Escal ascienden a 195 millones de euros. La medida dictada por la CNMC deriva de la sentencia publicada a comienzos de 2018 por el Tribunal Constitucional en la que declara contrarios a la Carta Magna algunos artículos del Real Decreto Ley con el que se articuló el rescate de la concesión del Castor.
Con estas circunstancias, Deloitte decidió no emitir una opinión sobre las cuentas de Escal "debido al efecto muy significativo de la posible interacción y efecto acumulativo de las incertidumbres".
Llama la atención que los administradores de Escal no registraran provisiones ante una posible decisión de la CNMC en contra de sus intereses, sobre todo teniendo en cuenta que, a la fecha en que se aprobaron las cuentas de 2018 y el correspondiente informe de auditoría la sociedad ya conocía que las alegaciones que había presentado al regulador sobre la revisión de oficio de los pagos por el Castor habían sido rechazadas.
En un folleto de emisión de deuda de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía (SCE), filial del grupo que preside Florentino Pérez de la que depende Escal, la compañía advertía sobre el citado rechazo, que abría la puerta a la posibilidad de que se viera obligada a devolver el dinero percibido por el Castor. Como informó en su día Vozpópuli, el documento, remitido a la Bolsa de Dublín (mercado en el que está registrada la emisión de bonos de ACS SCE, incluía este posible riesgo para conocimiento de los inversores.
Medidas adicionales
La resolución de la CNMC ha venido a confirmar las peores hipótesis de los auditores, que también hacen mención como elemento de incertidumbre al proceso que se sigue contra Escal por la denuncia del Ministerio Fiscal por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, como consecuencia de la notable actividad sísmica generada por la inyección de gas en el almacén (y que fue la causa que motivó la renuncia de Escal a la concesión).
Por el momento, ACS ha tratado de paliar la situación con un recurso a la Audiencia Nacional contra la decisión de la CNMC, que incluía la petición de medidas cautelares que no ha sido admitida. Anteriormente, el balance de Escal ya presentaba fondos propios negativos por una cuantía próxima a los 100 millones de euros, una situación que había sido compensada por la matriz con un préstamo participativo (que la Ley permite contabilizar como fondos propios).
Sin embargo, la obligación de devolver los 195 millones del Castor sume a Escal en un escenario muy complejo, que ya intuyó Deloitte y que justificaba su decisión de no emitir una opinión sobre las cuentas. ACS se ve obligada a tomar medidas si quiere evitar males mayores.
