Los autónomos están negociando con el Gobierno la prórroga de la prestación extraordinaria por cese de actividad hasta el 31 de septiembre y le han pedido públicamente no ser discriminados frente a los trabajadores asalariados afectados por ERTE, que en su opinión están mucho más protegidos.
Se refieren principalmente a que en el mes de junio, el 85% de los autónomos que se han acogido a la prestación por cese de actividad perderán el derecho a percibirla -en función del tiempo que llevaban cotizado-, pero exigen que igual que a los afectados por ERTE no les corre el contador de los dos años de derecho a prestación, ocurra lo mismo con su colectivo.
Esto se produce porque en el año 2019 sólo un 15% de los autónomos cotizaba voluntariamente por cese de actividad. Ese año, el sistema se modificó, con Magdalena Valerio como ministra de Trabajo, y cotizar por cese de actividad -lo que supuso un incremento de las cuotas a la Seguridad Social- pasó a ser obligatorio para el 85% restante a cambio de tener derecho a percibir más protección.
Desde entonces y hasta el impacto de la pandemia en marzo de 2020, acumularon un total de 29 meses de contribución a la Seguridad Social lo que les ha generado un derecho de ocho meses de prestación. La mayoría accedieron a ella en octubre, con lo que en mayo expirará su derecho.
"El Gobierno va a dejar fuera al 90% de los autónomos a los que ya se les ha acabado la prestación. La cuestión es: ¿va a dejar el Gobierno a algún trabajador en ERTE sin cobrar el desempleo porque se le haya acabado el derecho? No. Entonces, nosotros pedimos que a los autónomos tampoco", reivindicaba este lunes Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Ayuda de 470 euros para los autónomos sin derechos
Para estos trabajadores que hayan agotado la ayuda, el Gobierno ha planteado una nueva prestación que cubre el 50% de la base mínima (470 euros) y requiere demostrar unos ingresos máximos de 4.275 euros en el segundo y tercer trimestre y una caída interanual de la actividad del 75%.
Esta compensación es "insuficiente" para los autónomos de esa organización, ya que dejará fuera a otros muchos autónomos que sí ingresan más de esa cantidad.
Para los que sí puedan seguir percibiéndola (apenas un 10%, según ATA), se aprobarán exenciones en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social para aquellos que vuelvan a la actividad (del 90% en junio, el 75% en julio, el 50% en agosto y el 25% en septiembre), mientras que los que no reabran su negocio tendrán que pagar las cuotas.
El sistema busca incentivar, como ocurre con los ERTE, la vuelta a la actividad gracias a estos incentivos.
Sólo la cobrarán, eso sí, aquellos que hayan estado recibiendo la ayuda y que no hayan agotado el periodo de prestación, lo que según ATA excluye al 90% del colectivo, y que puedan demostrar caídas de más del 75% en los ingresos durante el segundo y tercer trimestre -en comparación con los mismos periodos de 2019, el año anterior a la pandemia-. Hasta ahora, bastaba con una caída de ingresos del 50%.
Prestación para los que cierren por imperativo legal
El Ejecutivo también aprobará una prestación ad hoc para los autónomos que estén en una situación de cierre por imperativo legal de las Administraciones. Estos recibirán el 70% de la base de cotización y no tendrán que pagar cotizaciones a la Seguridad Social.
A cierre de abril (último dato disponible), más de 450.000 autónomos seguían siendo beneficiarios de estas prestaciones de la Seguridad Social con exoneración de cuotas. En el peor momento de la pandemia, estas prestaciones llegaron a proteger a 1,46 millones de trabajadores por cuenta propia.
