La reforma para que los autónomos coticen según sus ingresos reales y la de los planes de pensiones de empleo adolecen de sostenibilidad, como ya ha advertido la Comisión Europea sobre la primera fase, la que crea un Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que liga la subida de las pensiones al IPC, que le parece insuficiente. Así lo advierte la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en un un nuevo Boletín centrado en el seguimiento de las reformas e inversiones del Plan de Recuperación que ha elaborado Ángel de la Fuente y que se publica cuando los hombres de negro de la Comisión Europea aterrizan en España para fiscalizar la implementación de las reforma e inversiones del Plan y cuando debe analizar las citadas reformas de autónomos y planes de empleo, que debían implementarse antes del pasado 30 de julio.

Asimismo, en este semestre el Gobierno negocia las reformas que amplían el período de cómputo y las bases de cotización, que deben cerrarse antes de 31 de diciembre, mesa que se abrió hace justo una semana.

"El reciente informe de la Comisión Europea sobre sobre la segunda petición de pago española, en principio positivo, sugiere que los servicios de la Comisión comparten nuestras dudas sobre la contribución de la primera fase de la reforma a la sostenibilidad del sistema público de pensiones", señala Fedea sobre el MEI, mecanismo que debía estar listo antes de que acabe este año pero que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, adelantó hace un año y ya está en vigor, pero que Bruselas no examinará hasta el primer semestre de 2023 y publicará su veredicto a finales de junio del próximo año. Con todo, ya ha planteado dudas sobre el sistema.

Estas dudas llevan a Fedea a prever "una vigilancia más activa sobre la fase final de tal reforma, en la que deberán concretarse cuestiones tan importantes para la salud financiera del sistema como el período de cómputo de la pensión".

Sobre la nueva ley de planes de pensiones de empleo, que fue aprobada por las Cortes el pasado 30 de junio, Fedea insiste en que detecta "una más que cuestionable asimetría en el tratamiento de los planes de pensiones individuales y de empresa, en detrimento de los primeros, que plantea problemas de equidad y cobertura".

La reforma del sistema de cotización de los autónomos cree que supone un "avance en la dirección correcta pues trata de acercar el tratamiento de los autónomos al de los trabajadores asalariados, lo que en general redundará en una mayor equidad del sistema y un mejor nivel de protección social para los autónomos". Sin embargo, le parece "problemático el tratamiento de las rentas más bajas, cuyas bases mínimas de cotización se reducen significativamente por debajo de sus topes anteriores y de los valores establecidos para los asalariados a tiempo completo. Esto ha permitido que los autónomos con menores rentas puedan ver reducidas sus cotizaciones durante los próximos años, lo que ha ayudado a conseguir el acuerdo con las organizaciones que encuadran a estos trabajadores, pero alerta de que "tenderá a ir en contra del objetivo teórico de la reforma de mejorar su nivel de protección social".

Un problema adicional que detecta es la introducción de la nueva tabla reducida, que "genera una desigualdad de trato que favorece a los autónomos sobre los asalariados en el acceso a las pensiones y sus complementos y puede generar incentivos para la contratación de falsos autónomos con el fin de reducir los costes sociales, lo que supondría una competencia desleal con las empresas que dan de alta como asalariados a sus trabajadores.

Lentitud y opacidad en la inversiones

Pasando de reformas a inversiones, Fedea se hace eco de un informe reciente de la CEOE que recogía la preocupación de las empresas por el reducido ritmo de ejecución de las ayudas del Plan de Recuperación y por la posibilidad de que puedan desaprovecharse parte de sus recursos debido a retrasos en su ejecución y a una insuficiente concurrencia a sus convocatorias. "Aunque todavía hay tiempo por delante, la advertencia seguramente no está de más porque el calendario fijado para la ejecución del Plan es realmente ajustado", destaca.

Desde el arranque del Plan de Recuperación el verano pasado hasta mediados de 2022, se ha puesto en marcha (mediante convocatorias de ayudas y licitaciones de contratos o transferencias a las CCAA) el 46% del gasto previsto, lo que supone una "tasa de arranque del 23% por semestre que, en principio, sería consistente con los plazos establecidos para la asignación de los fondos. "El ritmo de ejecución efectiva de estas ayudas es, como cabría esperar bastante más lento", alerta Fedea.

Aunque los datos oficiales de ejecución de la Administración General del Estado (AGE) son buenos -85% en 2021, lo que previsiblemente se repetirá en 2022-, admite el informe, en muchos casos, sin embargo, esto sólo quiere decir que esos recursos han iniciado el viaje hacia su destino final, lo que puede implicar varias transferencias entre Administraciones o entes públicos hasta llegar a aquel que, en última instancia, se ocupará de gestionar las convocatorias o licitaciones correspondientes.

Para Fedea, conviene, por tanto, distinguir entre la ejecución provisional y la ejecución definitiva o gasto final, reservando este último término para los pagos a los destinatarios finales de las ayudas o a las empresas. "Sobre la ejecución definitiva de los fondos europeos disponemos de información muy limitada", lamenta, y estima que la tasa de ejecución definitiva fue como máximo del 27% (sobre el total presupuestado para el ejercicio) en 2021 y se situaría en 2022 en el 5,2% (a mediados del ejercicio, lo que seguramente es poco informativo). "Aunque cabe esperar que estas cifras mejoren en los próximos meses, por el momento apuntan a una ejecución poco ágil que podría no completarse en los plazos previstos", remacha.

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