Uno de los grandes compromisos del Gobierno cuando estalló la crisis fue el de reducir el sobredimensionado sector público para hacer más competitiva la economía española. Hoy podemos analizar ya algunos datos que se van conociendo para ver si el Ejecutivo ha logrado o no su objetivo. El Ministerio de Hacienda publicó este martes el informe del sector público local del año 2017, que pone de manifiesto que el tamaño de este sector se siguió reduciendo a lo largo del año pasado.
En concreto, el número de entes del sector se recortó un 1,1% en 2017. La cifra es menor que la de los últimos años, pero acumula ya un descenso de casi el 30% desde 2007, poco antes de que estallara la crisis. Lo curioso es que si observamos las cifras que se desprenden de otra estadística del Ministerio, el empleo público de este sector no ha ido bajando en la misma magnitud. Por ejemplo, si analizamos lo ocurrido en los Ayuntamientos desde 2013 vemos que el tamaño del sector público se ha reducido un 11%, pero el empleo ha crecido un 3% en ese mismo periodo.
Según el boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el empleo de los ayuntamientos marcó un máximo en el año 2010, en plena crisis económica. Los consistorios llegaron a tener casi 700.000 personas trabajando. En 2011 empezó el ajuste del empleo público y en tres años los Ayuntamientos perdieron unos 100.000 empleos.
No reposición
El ajuste vino por la no reposición de los puestos que dejaban libres los que iban saliendo del sistema, lo que permitió a los ayuntamientos ahorrarse los sueldos más caros. Eso sí, poco duraron los recortes de plantilla: en 2014 volvió a subir el empleo en los consistorios. De hecho, entre 2013 y 2017 los puestos de trabajo han aumentado un 3%, a pesar de que se ha seguido reduciendo el tamaño el sector en un 11%.
Y en la primera mitad de 2017 los ayuntamientos han vuelto a contratar con fuerza al incorporar a sus plantillas a más de 23.000 personas. De hecho, son los consistorios los que están tirando del empleo público, que en cambio se ha seguido ajustando en los seis primeros meses en el Estado y en las comunidades autónomas.
Hoy los Ayuntamientos tienen 4.427 entidades y 566.141 empleados públicos
Por eso hoy la administración local cuenta con 566.141 empleados, un nivel muy similar al que había en 2007. Sin embargo, aún está lejos de los máximos marcados en el 2010, cuando el empleo en esta administración llegó a superar los 650.000 puestos de trabajo. Y es que no hay que olvidar que en los primeros años de la crisis el Gobierno tiró de empleo público para compensar la pérdida de puestos en el sector privado.
El tamaño del sector, en cambio, sigue reduciéndose. Hoy los ayuntamientos tienen 4.427 entidades que incluyen organismos autónomos, entidades públicas empresariales, consorcios, sociedades, fundaciones y asociaciones. La cifra está lejos de las más de 6.000 entidades que había en 2008. Todos siguen cayendo en número menos las entidades públicas empresariales, que empezaron a remontar en 2015 y siguen creciendo.
En los últimos cinco años, un total 1.124 entes causaron baja en el sector local. De ellos, más de la cuarta parte realmente no desaparecieron, sino que modificaron su sectorización, bien como ente público autonómico o estatal, bien como ente privado. En el mismo periodo las altas ascendieron a 231, de las que 68 provenían de otros sectores institucionales que se integraron en el sector local.
En 2013 el PIB aún caía
En definitiva, los datos evidencian que al ajuste del sector público se ha hecho mucho más a través de la reducción del tamaño del sector público y no tanto a través del empleo, al menos en los ayuntamientos y sobre todo a partir de 2013, a pesar de que el PIB cerró ese año con una caída del 1,7%.
Y ahora que la economía crece por encima del 3% el Gobierno va apostar por el empleo público. De hecho, el Gobierno convocará, de media, unas 100.000 plazas al año hasta 2020, ya que a la oferta ordiaria de cada año hay que unir la oferta extraordinaria que irá sacando el Gobierno para solucionar el problema de la interinidad en las Administraciones Públicas.
