La reducción temporal del IVA (del 21% al 10%) y del Impuesto sobre la Electricidad (del 5,1% al 0,5%) en el recibo de la luz, así como la suspensión del Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica (del 7% al 0%) está evitando un repunte de escándalo de la inflación.
Según los datos del INE, sin estas medidas tributarias el IPC de abril se habría situado en el 9,3% en términos anuales (en marzo alcanzó el 10,7%), un punto por encima del índice nacional (8,3%), que es el más alto de los países de nuestro entorno.
Es decir, a Impuestos Contantes, un indicador que facilita una medida de lo que sería el poder adquisitivo de las rentas en el supuesto de que se hayan incrementado o reducido los tributos indirectos al consumo (IVA e Impuestos Especiales básicamente), el IPC exclusivo de la electricidad (subclase) sería del 54,4%; y, sin embargo, con la bajada impositiva se ha quedado en el 34,9% en este mes.
Por tanto, la inflación eléctrica ha bajado en 20 puntos, que, trasladados al IPC general supone ese descenso de un punto según su ponderación. Se trata de la misma reducción que el Gobierno pretende conseguir a partir del próximo mes, siempre que Bruselas lo confirme, con el establecimiento de un tope en los precios del gas en la formación de los precios de la electricidad.
Esa reducción en el IPC General por la bajada impositiva en la electricidad es la más importante desde que el PP creó en 2012 ese IPC a Impuestos Constantes. Esta medida tributaria, que se ha ido prorrogando sucesivamente y que de momento se mantiene hasta el 30 de junio, se produjo a finales de junio de 2021 y apenas tuvo repercusión en los primeros meses en el índice general pero se ha ido elevando paulatinamente.
Así, si no se hubiera aprobado esta rebaja, la inflación general hubiera sido superior en tres décimas en julio y agosto; en cinco décimas en septiembre; en siete en octubre y noviembre; en ocho en diciembre; y en nueve en enero de 2022 así como en febrero y marzo, hasta llegar a ese punto actual en abril. El IPC a Impuestos Constantes permanece invariable respecto al General en el resto de componentes de la cesta de la compra porque no han sufrido modificación tributaria alguna.
Todo esto significa que las medidas fiscales son las más eficientes en el corto plazo y están demostrando que bajar impuestos (en este caso los indirectos), sobre todo en situaciones extremas como la actual en que la economía ya se resiente, sí sirven para reducir rápidamente la inflación. Además, la rebaja no merma los ingresos de Hacienda ya que las bases imponibles (los precios finales) sobre las que se giran los tributos son más elevadas, aunque el Gobierno sigue apostando sólo por medias temporales y es partidario del alza de impuestos como método para incrementar la recaudación.
Las medidas fiscales son las más eficientes en el corto plazo y están demostrando que bajar impuestos, sobre todo en situaciones extremas como la actual, sí sirven para reducir rápidamente la inflación
Bajar impuestos indirectos (y también los directos quizá de una forma selectiva), y actuar sobre la formación de los precios, puede convertirse en la mejor receta para combatir la actual crisis inflacionista, sobre todo energética y alimentaria, así como los riesgos que para el consumo y la economía puede tener a medio plazo. Si el Gobierno pretende reducir los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas por el exceso de ingresos por el repunte inflacionista, también debería reducir los impuestos porque Hacienda está cosechando una recaudación también excepcional.
Lo que sí se observa también es que esta reducción tributaria, que, por ejemplo, debería haber beneficiado a la industria y a las empresas en general, no está siendo trasladada o en todo caso muy lentamente a los precios del resto de los componentes de la inflación. Es decir, los precios siguen su particular escalada, sobre todo en los sectores más básicos, como la alimentación, precisamente uno de los más productivos en España.
Así, de los 199 productos y bienes del IPC catalogados por subclases, 43 (un 22%) registran precios superiores al 8,3% de la inflación general en abril, mientras que 97 (casi el 50%) alcanza tasas superiores al 4,4%, es decir, de la inflación estructural o subyacente que excluye los precios de los productos energéticos y de los alimentos frescos.
Los políticos no se atreven a intervenir ante la falta de transparencia en la formación de los precios, ni a desmontar los sistemas de oligopolio que hay en la mayoría de los sectores
Además, los precios de los productos de la alimentación (medio centenar del total de las subclases) registran tasas positivas. Es la primera vez desde que hay series estadísticas que no hay un solo alimento con precios que se encuentre en tasas negativas como suele suceder al menos en temporadas de recolección o de elevada oferta. Curiosamente, los productos alimentarios que menos suben son el azúcar (3,3%) y el chocolate (2,8%), ya que provienen mayoritariamente de importaciones. También las 11 subclases de las bebidas registran tasas de crecimiento positivas.
Además, de esas 199 subclases, sólo ocho (4%) registran tasas negativas y están relacionadas con los equipos y servicios de los móviles y los equipos de sonido e imagen, toso ellos son productos también procedentes del exterior, o los peajes de las autopistas como consecuencia de los efectos de la gratuidad de su uso.
La inflación como excusa
Todo esto pone en evidencia que muchas empresas están aprovechando la ocasión, echando la culpa a la luz y también a los hidrocarburos (que siguen subiendo de precio cuando se acerca un puente comiéndose la subvención de 20 céntimos del Gobierno) para hacer caja y compensar los efectos del bajo consumo de las anteriores olas de la pandemia mientras que los salarios siguen perdiendo poder de compra sin que de momento haya efectos de un temido rebrote de inflación en segunda vuelta.
Obviamente, la invasión rusa a Ucrania también está influyendo en este rebrote inflacionista, especialmente en el sector servicios, pero deja al descubierto los eternos problemas de la inflación y de la economía española. Y es que ningún gobierno se ha atrevido a arbitrar normas que favorezcan e incrementen la competencia (los sectores más importantes están en manos de unos pocos mayoristas). Tampoco han optado por liberalizar sectores para acabar con la colusión de los mercados existente y que reduzca la inflación estructural (y general) que España arrastra permanentemente.
Lo que es evidente es que los políticos no se atreven a intervenir ante la falta de transparencia en la formación de los precios, ni a desmontar los sistemas de oligopolio que hay en la mayoría de los sectores, ni a reducir la elevada intermediación que sigue dominando los mercados.
España necesita un plan serio antiinflación, sería el primero. Combatir la inflación, que es el peor impuesto para las clases medias y babas, debería ser una prioridad. Evitaría además graves tensiones en la economía e incluso en el déficit, por ejemplo, con la subida de las pensiones con el IPC registrado (a cargo de los cotizantes y no del Estado), o con el repunte de los tipos de interés para financiar la exorbitante deuda pública.
