El año 2018 va a salir caro a España en términos de déficit. La banca, las autopistas y la debilidad parlamentaria durante la tramitación del Presupuesto van a suponer una factura de 10.000 millones para la Administración Central solo en este ejercicio, una cifra muy elevada que convierte al Estado en el gran incumplidor de los objetivos de déficit que el anterior Ejecutivo había pactado con Bruselas.
Cuando el equipo económico de Mariano Rajoy negoció con las autoridades comunitarias los anteriores objetivos de estabilidad, planteó un desfase del 2,2% para el conjunto de las administraciones públicas en 2018, con un saldo del -0,7% para el Estado. Hoy se tiene casi la certeza de que la cifra total se irá al 2,7% y que el Estado duplicará su objetivo y acabará con un desfase del 1,5%.
Las razones de este desvío hay que buscarlas en la banca, las autopistas y la debilidad parlamentaria. La banca costará nada más y nada menos que 2.700 millones en términos de déficit este año por la venta acelerada de activos puesta en marcha por Sabadell (dueña de CAM) y BBVA (de Unnim) a Cerberus. Estas operaciones, pendientes de autorización, implicarán adelantar pérdidas previstas para los próximos años. El Fondo de Garantía estudia fórmulas para reducir la factura.
A estos 1.700 millones se suman los 1.000 millones que Santander va a solicitar de créditos fiscales del Popular, como anunció su vicepresidente, Rodrigo Echenique, la semana pasada. Aunque todavía tiene que revisarlos Hacienda y decidir cómo se abonan -probablemente como deducciones en años futuros-, según la Autoridad Fiscal, estos 1.000 millones deberán registrarse como gasto este ejercicio.
2.000 millones por las autopistas
Por otro lado, hay que sumar otros 2.000 millones por el impacto estimado de la responsabilidad patrimonial de la Administración en las autopistas de peaje. En los Presupuestos, el Gobierno no cuantificó el coste del rescate, pero el entonces ministro, Cristóbal Montoro, dijo en la rueda de prensa que se cargaría al Fondo de Contingencia y que tendría un impacto en términos de déficit.
"Es un proceso consecuencia de sentencias judiciales que genera un crédito que ha de atender el Estado en su momento, y por eso no figura en el programa de gasto de los Presupuestos", detalló a principios del mes de abril Montoro. "Cuando el crédito tenga que afrontarse, el Estado debe tener capacidad para pagarlo y tendrá un impacto determinado en el déficit de 2018", reconoció el entonces titular de Hacienda.
Banca y autopistas suman ya casi 5.000 millones, a los que hay que añadir los guiños electorales a funcionarios y pensionistas que se incluyeron en los Presupuestos y que cuestan otros 5.000 millones. Solo la factura de la subida salarial del 1,75% a los empleados públicos y la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad del Estado asciende a casi 2.700 millones en 2018.
La subida de pensiones pasó de costar 215 millones el 1 de enero a costar otros 2.600 millones para asegurar las cuentas
Y la de los diferentes incrementos de pensiones que se han ido planteado estos meses asciende a otros 2.600 millones. Inicialmente, el Gobierno pensaba gastar solo 215 millones y subir todas las prestaciones el mínimo que la ley, el 0,25%, tras aplicar el índice de revalorización de la última reforma. Pero la debilidad parlamentaria le obligó a llevar estas subidas mucho más lejos.
En un primer momento, se vio obligado a anunciar subidas adicionales para las pensiones más bajas para contentar a sus socios, así que tuvo que aumentar la factura hasta los 1.100 millones para subir un 3% las pensiones mínimas (558 millones), un 3% las no contributivas (71 millones), las de clases pasivas (34 millones) y entre un 1% y un 1,5% las que no superaban los 12.000 euros al año (253 millones).
Concesiones políticas
Pero no fue suficiente para ganarse el apoyo del PNV, una formación clave en la votación de las enmiendas a la totalidad del Presupuesto. Y por eso, horas antes del debate, tuvo que cerrar un acuerdo con los nacionalistas vascos para subir todas las pensiones un 1,6%, mejorar las pensiones de viudedad a un ritmo más rápido del previsto y posponer la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, previsto inicialmente para 2019, a 2023. El acuerdo con PNV supuso un nuevo aumento de la factura de 1.500 millones, lo que deja el coste total en 2.600 millones.
En total, algo más de 10.000 millones que convierten al Estado en el gran incumplidor del año 2018. La Seguridad Social también se desviará de su meta, pero solo cuatro décimas. El Estado en cambio, se anotará estos 10.000 millones más de déficit que solo serán parcialmente compensados por el buen comportamiento de las comunidades autónomas y los Ayuntamientos. Y por eso España acabará el año con un desfase del 2,7%, cinco décimas por encima de lo acordado.
