"Cuanto peor es una caja, o algo, vale menos. Y si se habla de la CAM, estamos hablando de lo peor de lo peor". Esta frase, de Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), se ha convertido en la más mediáticas de un gobernador del Banco de España de las últimas décadas. Fue pronunciada en medio de la subasta de la caja alicantina, lo que pudo restar interés, acompañada de insinuaciones de "escándalos" y una necesidad de "abrir expedientes" que pusieron el grito en el cielo.
Casi seis años después estas presuntas irregularidades llegan al banquillo de la Audiencia Nacional, con ocho exdirectivos juzgados por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad contable: Modesto Crespo (expresidente), Roberto López Abad (director general), María Dolores Amorós (directora general), Teófilo Sogorb (Planificación), Francisco José Martínez (Riesgos), Vicente Soriano (Recursos), Juan Luis Sabater (Financiación), Salvador Ochoa (Información Financiera).
Se les acusa de manipular las cuentas de CAM repetidamente y engañar a pequeños inversores con las cuotas participativas y las preferentes, al tiempo que se embolsaban bonus e indemnizaciones millonarias.
El resultado fue que la caja alicantina tuvo que ser intervenida en verano de 2011 y vendida unos meses después a Banco Sabadell por 1 euro más una inyección de capital millonaria. A la espera de lo que ocurra con la privatización de Bankia y el coste final de sus garantías, el rescate de CAM será el más caro de la crisis financiera o uno de los que más. Eso sí, pagado por la propia banca a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que en sus últimas cuentas calcula el coste actual de este auxilio financiero en más de 11.000 millones.
Primer macrojuicio financiero
CAM es el primer macrojuicio de la crisis financiera. Hasta ahora ha habido otros procesos, pero centrados en irregularidades concretas de las cajas, como las tarjetas black de Caja Madrid y las pensiones millonarias de Caixa Penedès o NCG Banco. Pero sólo había habido un caso por arrastrar a una caja a la quiebra, el de CCM, en el que fueron condenados sus dos principales exdirectivos, Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega.
En este nuevo juicio aparte de los ocho procesados hay seis acusaciones (Fiscalía, Fundación CAM, FGD, la acusación popular y otras dos particulares). El proceso arranca este lunes y se prolongará hasta, al menos, finales de julio, con varios parones en medio.
No es el primer juicio que hay por la quiebra de CAM, ya hubo uno hace dos años por las dietas de la Comisión de Control de una participada y los créditos a un exconsejero. Pero los dos principales acusados, López Abad y Juan Ramón Avilés, fueron absueltos. Y todo apunta a que no será el último juicio, ya que el ex director general y otros exdirectivos tienen pendiente una causa por el presunto desvío de fondos de la caja en beneficio de dos empresarios hoteleros, que ocultaron parte del dinero en paraísos fiscales, dentro del caso Valfensal.
El eje central del caso que arranca este lunes es la falsificación contable de los resultados de 2010. CAM comunicó a las autoridades un beneficio de 38,9 millones, que apenas unos meses después tuvo que corregirse hasta unas pérdidas de 1.136 millones. Según las acusaciones parte de este amaño contable se realizó para poder cobrar los bonus y así desfalcar cerca de 50 millones de euros a la caja alicantina. Además se ocultó para aparentar un mejor estado en la fusión que se negociaba con Cajastur, dentro del proyecto Banco Base.
