Esta semana ha sido presentada en un juzgado de primera instancia de Madrid demanda de juicio ordinario contra Banco Popular. Se trata de la primera demanda civil contra la entidad financiera que entre los días 6 y 7 del pasado mes de junio fue intervenida y adquirida por Santander, ocasionando la pérdida total de su inversión a miles de accionistas.
La demanda ha sido presentada por el abogado de Barcelona Felipe Izquierdo, el mismo que también presentó querella contra el expresidente del Popular, Ángel Ron, ante la Audiencia Nacional, el pasado mes de junio.
Izquierdo representa los intereses de una empresa de reciclaje de residuos que en junio de 2016 acudió a una oficina de Banco Popular situada en un pueblo de Barcelona para solicitar un préstamo de 100.000 euros con el que comprar un camión.
Numerosos clientes de Popular cuentan que el pasado año al solicitar un préstamo se le colocaban acciones de la ampliación de capital
En la oficina bancaria donde el demandante pidió dicha cantidad, al igual que cuentan numerosos clientes que por esas fechas acudieron al Popular, que preparaba una ampliación de capital por 2.500 millones de euros, se le colocó un paquete de acciones con un coste total cercano a los 10.000 euros, al tiempo que se le concedió el préstamo requerido.
Banco Popular, con motivo de la ampliación de capital de 2.500 millones, explicó en el folleto de la operación que estimaba unas pérdidas de 2.000 millones en ese ejercicio. Sin embargo, las pérdidas que finalmente comunicó el banco, estando ya presidido por Emilio Saracho, fueron muy superiores, de 3.485 millones de euros. En abril de este año, Popular comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores una serie de errores detectados en las cuentas que incrementaron aún más las pérdidas anuales, hasta los 3.608 millones.
La demanda presentada esta semana por Izquierdo se basa en esa información falsa o errónea que Popular dio a los compradores de acciones que acudieron a la ampliación de capital el pasado año, al comunicar una estimación de pérdidas muy inferior a la que fue. Además la demanda recuerda que en mayo de 2016 Popular llegó a informar que a partir de 2017 retomaría la política de dividendos. Y que Ángel Ron hizo por esas mismas fechas unas declaraciones en las que decía que en 2018 “deberíamos entregar en metálico el 40% del beneficio”.
La representación legal de la compañía de camiones demandante sostiene que su cliente fue engañado al suscribir las acciones que le colocaron al solicitar el préstamo de 100.000 euros. La empresa en cuestión nunca antes había adquirido acciones de clase alguna. La demanda solicita la devolución de la cantidad pagada para adquirir las acciones de Popular más sus intereses legales y se condene al banco al pago de las costas del juicio.
La demanda incluye, como jurisprudencia, sentencias por la salida a Bolsa de Bankia a favor de los demandantes. Felipe Izquierdo sostiene que en base a los hechos narrados y a las sentencias por Bankia, las demandas civiles contra Popular de clientes que compraran acciones en la ampliación de capital de 2016 son "demandas ganadoras". Previsiblemente a partir de la semana próxima las demandas civiles contra Popular se multiplicarán en los juzgados españoles.
