El Estado se eterniza en el capital de CaixaBank. La privatización del paquete estatal heredado del rescate de Bankia lleva aparcada seis años y no hay visos de que se vaya a reactivar en el corto plazo para desprenderse del 17,3% en la entidad catalana. La acción de CaixaBank cotiza en máximos históricos al calor del ciclo histórico de subidas de los tipos, pero pesa más la “falta de voluntad política” para retomar la salida del Estado, según distintas fuentes financieras consultadas por Vozpópuli.
El Estado tiene en sus manos el 17,3% de la entidad catalana como herencia de la fusión con Bankia. Antes de la integración con CaixaBank, sólo se vendieron dos paquetes representativos de un 14,5% en el mercado. La última vez fue a finales de 2017, antes de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa.
La fecha límite para que el Frob, el fondo de rescate español, salga del accionariado del banco catalán expira en diciembre de 2025. El plazo ya se ha prorrogado cuatro veces desde el rescate de Bankia en 2012 en plenas dudas de los inversores por la salud real del sector bancario español.
"El Gobierno utiliza su presencia en CaixaBank para presionar al sector bancario
“Desde el punto de vista económico tiene sentido reactivar la privatización. Pero no por motivos políticos”, indican fuentes próximas al Frob. La acción de CaixaBank cotiza en máximos históricos al calor de las subidas del precio del dinero en Europa y se anota un aumento superior al 13% en lo que va de año.
Es decir, el paquete del Estado tiene un valor de mercado de unos 5.300 millones de euros a los precios actuales. Pero los analistas prevén que la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri siga al alza en Bolsa y auguran un potencial de más del 20%.
El ejemplo de Italia con Monte dei Paschi
“No interesa abrir ese debate ahora”, sostienen las fuentes, que recuerdan que en Italia el Gobierno de Giorgia Meloni acaba de vender un 25% del capital de Monte dei Paschi, que está en manos en su mayoría del Estado.
El Frob se sienta en el consejo con un representante dominical, Teresa Santero Quintillá. Aunque no interfiere directamente en la gestión del banco, el Gobierno utiliza esta posición para presionar.
Sin ir más lejos, CaixaBank fue el primero de los grandes bancos que empezó a remunerar los depósitos, que en el mercado se interpretó como un movimiento de presión para el resto de competidores y para alentar una guerra del pasivo.
"Kepler Cheuvreux advierte de que el Gobierno explota con fines políticos al sector bancario y que ejerce presión con su paquete en CaixaBank
“Resulta cada vez más claro que el sector bancario es un blanco fácil para que el Gobierno español lo explote con fines políticos, poniendo en peligro la gobernanza del sector", alertaban en un reciente informe a inversores institucionales los analistas de Kepler Cheuvreux, que ponían de manifiesto que el Estado puede ejercer “una presión significativa” al controlar el 17% de CaixaBank.
Choque frontal a cuenta de los sueldos
El Gobierno de Sánchez chocó frontalmente con la cúpula del banco catalán en 2021, justo unos meses después del desembarco del Estado tras la compra de Bankia. En la junta de ese año, el Gobierno se opuso al nuevo salario del presidente, José Ignacio Goirigolzarri, que se lo triplicó tras la integración del banco rescatado.
Goirigolzarri ganó 1,69 millones en 2021, mientras que el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, percibió 3,89 millones. Estos sueldos levantaron ampollas en el Ejecutivo de coalición, sobre todo del ala de Podemos.
Bankia recibió una inyección pública de más de 24.000 millones de euros para su recapitalización y la de Banco Mare Nostrum (BMN), entidad que compró en 2017. Con las dos desinversiones hasta la fecha, el Estado sólo ha recuperado alrededor de 4.000 millones vía dividendos de Bankia desde 2014 y de CaixaBank en 2021 y 2022, y tras las plusvalías obtenidas por las ventas de dos paquetes representativos de un 14,5%.
