El Gobierno quiere evitar el choque frontal con el Banco Central Europeo (BCE) por el impuesto a la banca. El plan de Pedro Sánchez puede contravenir la normativa bancaria europea, por lo que el Ejecutivo tiene previsto solicitar al supervisor único un informe de aclaración antes de que el nuevo gravamen se convierta en ley, según trasladan fuentes próximas al Gobierno consultadas por Vozpópuli.
De esta forma, podría corregir parte de la propuesta y amoldarla a las peticiones del BCE. No está claro si lo solicitará el propio Gobierno o si se articulará a través de los partidos políticos.
Precisamente este es uno de los puntos que mayor fricción ha provocado entre los banqueros. La presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, y el director general de la Ceca, José María Méndez, han expresado su "preocupación" por las intenciones del Gobierno respecto al BCE a los distintos grupos parlamentarios en la ronda de contactos para tratar de influir en la fase de enmiendas.
En el seno de las entidades, no obstante, no se descartaba esta misma semana que el Gobierno pueda "suavizar" el impuesto en la tramitación parlamentaria, como admite un alto directivo de uno de los grandes bancos del Ibex. Y esta posibilidad sería más fácil con un informe del BCE, como reconocen en el sector.
El BCE, por su parte, lleva expectante desde el 12 de julio, cuando Sánchez anunció en el Congreso por sorpresa que crearía un impuesto extraordinario a la banca. Existe un precedente en 2019, cuando Lituania anunció que aplicaría un impuesto a la banca. En ese momento, el BCE se opuso claramente y exigió al Gobierno del país que midiera las consecuencias sobre el sector financiero.
EL BCE, tibio con el Gobierno
Pero en el caso del 'impuestazo' de Sánchez, el BCE se ha limitado a hacer una declaración general. Luis de Guindos, vicepresidente del organismo con sede en Francfort, ha insistido en varias ocasiones que este tipo de impuesto no debe restringir ni tampoco encarecer el crédito. Pero se trata de una advertencia consideraba muy tibia en el sector, que esperaba más contundencia.
El Ejecutivo de Sánchez lleva tiempo con una actitud combativa con la 'sucursal' del BCE en España, que en la práctica es el Banco de España. Las reforma laboral y la de las pensiones han enfrentado a miembros destacados del Gobierno, como Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, con el gobernador, Pablo Hernández de Cos.
Influir en la enmiendas
Las entidades se han armado de argumentos para intentar influir en la fase de enmiendas del nuevo impuesto, que gravará el 4,8% de los ingresos típicos y las comisiones. Y se preparan para iniciar una batalla judicial por separado una vez que se ha descartado casi por completo que un partido político pueda presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, como publicó Vozpópuli.
De cara a la tramitación parlamentaria del impuesto, las entidades no tiran la toalla y echarán el resto para que algún grupo parlamentario pueda presentar una enmienda a la totalidad o incluso de supresión de la medida, aunque esta posibilidad se antoja muy complicada, según fuentes de CECA, que celebraron la presión de los partidos de la oposición contra el Gobierno."Se empiezan a llamar las cosas por su nombre. Se habla de impuesto y no de prestación patrimonial", expresaron ayer desde la patronal de las antiguas cajas de ahorro.
Desde CECA destacaron que sus asociados, entre los que se encuentran CaixaBank, Unicaja e Ibercaja, soportaron contra sus cuentas de resultados casi 2.800 millones en impuesto en 2021, un 2% más que en 2020 y la mayor cifra de los últimos seis años, según un informe elaborado por KPMG sobre el impacto fiscal, económico y social.
