“Más seguridad no cabe darles”. Con esta frase afrontó las críticas y amenazas de inversores el presidente en funciones de Banco Popular en la junta extraordinaria del lunes, Roberto Higuera. En más de diez ocasiones tuvo que oír cómo los accionistas reclamaban investigaciones internas o anunciaban su intención de poner demandas.
Pero Higuera no se achantó y respondió con un argumentario bien preparado de cómo la entidad y el consejo han cubierto todas sus decisiones de los últimos meses, en especial la ampliación de capital de 2.500 millones del pasado mes de junio.
El vicepresidente hizo referencia a los informes limpios de auditoría que ha firmado PwC en 2015, mediados de 2016, la comfort letter (carta de conformidad) para la ampliación de capital y el informe de auditoría de finales del año pasado, “que no tiene salvedades”.
Por si fuera poco, Popular se ha apoyado en otras dos de las cuatro Big Four: EY y KPMG. “Tal vez hayamos pecado de pedir informes de auditoría de más”, expuso Higuera. En el caso de KPMG, revisó los procedimientos de las provisiones de la exposición inmobiliaria en septiembre de 2015, “concluyendo favorablemente”. Este mismo informe se usó en el cierre de cuentas de 2015 y para la ampliación de capital de junio de 2016.
Informe clave
Por su parte, EY se ha encargado recientemente de una “auditoría limitada” para el consejo sobre las provisiones de finales de 2016, la valoración de la renta fija y la de los activos fiscales diferidos, “con resultados favorables”. Para terminar de cubrirse, el consejo ha pedido a PwC un informe en el que constate que los deterioros que han provocado las pérdidas históricas de 2016 se produjeron tras la ampliación de capital, en el segundo semestre. Es como si la entidad hubiera aprendido de lo que ha ocurrido en el caso Bankia, donde hay decenas de imputados por un presunto agujero tapado antes de captar capital en bolsa.
Junto al papel de las tres Big Four, Higuera se escudó en la CNMV, “que revisó la documentación de la comercialización” de la ampliación” y el Banco de España y el BCE, a los que “estamos sometidos” permanentemente. “Aquí no ha habido nada fraudulento”, concluyó.
Higuera defendió que la crisis que ha padecido Popular se ha debido a su éxito en pymes
Toda esta batería de medidas defensivas podría ahuyentar a los pequeños accionistas para presentar demandas, aunque varios comenzaron a organizarse ayer para estudiar esta opción. Las dos ampliaciones de capital de los últimos años (de más de 5.000 millones de euros), las caídas en bolsa desde máximos (de casi el 95%) y las pérdidas históricas llevaron a varios inversores a hablar de “indecencia”, “caraduras” y “ángel caído” en referencia al equipo de Ángel Ron.
Higuera respondió con firmeza y enfado a aquellos que compararon a Popular con Bankia y defendieron que Ron podría haber cometido irregularidades. “Ha actuado siempre para proteger el mejor interés del banco, que era defender su independencia, aunque ahora pueda verse discutible”, señaló el vicepresidente. “No vamos a la liquidación, estamos tocando suelo”, añadió.
Autocrítica
Al igual que hiciera Ron en su despedida frente a la prensa, Higuera tampoco hizo autocrítica de las causas que han llevado a Popular a la situación actual: “Es consecuencia de una crisis histórica, que se ha llevado a bancos y cajas por delante, no sólo en España”, explicó, añadiendo que “creemos que Popular es un gran banco con problemas heredados serios, que se han gestionado enérgicamente y con buena voluntad”. “Nos afectó el éxito de haber conseguido muchos clientes que luego fueron morosos”. Es decir, el éxito en pymes del banco durante los años del boom derivó posteriormente en exposición drástica y grave al ladrillo, superior a la de sus competidores. La próxima junta de accionistas, esta ordinaria y con el nuevo presidente, Emilio Saracho, determinará si esta respuesta es suficiente o lo ánimos siguen caldeados.
Mientras tanto, el nuevo ejecutivo del banco nombró ayer a sus dos primeras personas de confianza en el consejo: Carlos González Fernández, expresidente de Deloitte; y Antonio González-Adalid, exdirectivo de Repsol.
