Banca

Sánchez pone a prueba a BlackRock como gran inversor de la banca del Ibex con el impuestazo

Los ejecutivos bancarios avisaron al Gobierno de que el gravamen amenaza con alejar a los inversores internacionales.

  • El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a Larry Flynk.

Embate del Gobierno al gran inversor de los grandes bancos españoles. El impuesto a la banca pondrá a prueba la resistencia de BlackRock como principal accionista de Santander, BBVA, Sabadell y CaixaBank. Más allá del impacto en el negocio bancario, el nuevo gravamen amenaza con alejar a los inversores internacionales del sector por la inseguridad regulatoria, como han trasladado los ejecutivos bancarios al Ejecutivo, según fuentes conocedoras consultadas por Vozpópuli.

El mayor fondo de inversión del mundo lleva tiempo apostando por la banca española. No ha modificado sus participaciones desde el anuncio del impuesto, pero el mercado pondrá la lupa en los próximos meses ante posibles movimientos.

El Gobierno gravará el 4,8% de los ingresos típicos y comisiones del negocio bancario en España para recaudar unos 3.000 millones de euros en dos años. La nueva tasa se tramitará como proposición de ley, lo que abre la negociación con los grupos parlamentarios. Se prevé que la tramitación se prolongue hasta final de año.

La banca teme que el impuesto traslade una imagen adversa en los inversores sobre el sector en España"

Pedro Sánchez 'rescató' el impuesto a los bancos por sorpresa y sin previo aviso al sector, lo que irritó a los principales banqueros. Las entidades han advertido sobre los efectos nocivos en el crédito, la inversión e incluso en la economía cuando el fantasma de la recesión amenaza al mundo. "Se puede trasladar una imagen adversa a la inversión en los bancos", señalan fuentes próximas a uno de los grandes bancos del Ibex.

BlackRock es el principal accionista de Santander (con un 5,4%), BBVA (tiene casi un 6%) y Sabadell (4,6%). También cuenta con una posición relevante en CaixaBank, del 3,2%, que sólo es superada por la Fundación La Caixa (30%) y el Frob (16,1%). El fondo dirigido por Larry Fink reforzó sus posiciones en los bancos tras la pandemia, al igual que otros institucionales como Amundi y Norges, que tienen alrededor de un 3% de Santander, y GQG, que controla más del 3% de BBVA.

El plan de Sánchez para gravar la actividad de los bancos no ha gustado en el seno del Banco Central Europeo (BCE), que considera que puede añadir incertidumbre al sector y lastrar la capacidad de pago de dividendos de algunos bancos, como publicó Vozpópuli. De momento, el Gobierno se resiste a chocar con el supervisor único por el impuesto, que puede contravenir la normativa bancaria actual, y aún no tiene definido un calendario concreto para pedir una aclaración al respecto.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) obliga a los bancos a conformar el precio de sus productos teniendo en cuenta todos los costes, incluidos los impuestos. Este puede ser el principal punto de fricción con el BCE.

BlackRock, con presencia también en las energéticas

BlackRock además tiene una fuerte presencia en el accionariado de grandes compañías energéticas, el otro sector en el foco de Sánchez. El Gobierno exigirá también a las energéticas un nuevo impuesto por sus "beneficios extraordinarios". El fondo de EEUU se erige como el principal accionista de referencia de Repsol, con un 5,4%, y como segundo de Iberdrola, con la misma participación.

El sector bancario critica que el Gobierno anunciara el impuesto sin tenerlo definido. Esta improvisación ha vuelto a poner a los bancos en el centro del debate público, coincidiendo con el encarecimiento de las hipotecas. "Si protestan Botín y Galán, entonces vamos en la buena dirección", sentenció el presidente del Gobierno después de que el Grupo Socialista y Podemos registraran en el Congreso la proposición de ley con los nuevos impuestos.

Los bancos españoles están en busca de aliados políticos para frenar o suavizar el impuesto al sector y se están movilizando a nivel sectorial para que PP o Vox presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional o al menos 'modulen' la proposición de ley. Las entidades consideran que la nueva tasa es claramente inconstitucional porque el sector ya abona el Impuesto de Sociedades.

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