Emilio Saracho ha superado en los últimos días el primer gran obstáculo al que se enfrenta como presidente de Banco Popular. El banquero de inversión ha visto de cerca una línea roja que hubiera agudizado la crisis de la entidad, al quedarse a apenas 40 puntos básicos de un nivel de capital que el Banco Central Europeo (BCE) impone a las entidades para poder pagar a sus bonistas.
Este ha sido uno de los puntos que más tensión ha creado en los últimos días al equipo de Saracho, a raíz de los ajustes que ha decidido llevar a cabo la entidad en las cuentas de 2016, que ascienden a casi 700 millones.
"Los impactos anteriormente citados y las estimaciones provisionales de los resultados correspondientes al primer trimestre de 2017, se prevé que la ratio de capital total a 31 de marzo se sitúe entre el 11,7% y el 11,85%, siendo el requerimiento aplicable al grupo, por todos los conceptos, del 11,375%", explicaba el banco en un comunicado a la CNMV.
En caso de bajar de este umbral, Popular no hubiera podido pagar los cupones de sus emisiones de CoCos (bonos convertibles contingentes). La entidad tiene dos actualmente en mercado, una de 500 millones emitida en 2013, con un cupón trimestral del 11,5%; y otra de 2015, por importe de 750 millones y un cupón trimestral del 8,25%. Se da la circunstancia de que Popular abona los cupones el próximo lunes 10 de abril (día de la junta de accionistas). El pago ascenderá a unos 30 millones de euros.
Se da la circunstancia de que Popular tiene que pagar el próximo lunes los cupones de dos emisiones de CoCos, por los que abonará 30 millones
Ganar este punto de set era clave para Saracho, ya que el impago de estos cupones es visto por los inversores como una señal de extrema debilidad y puede cerrar el mercado a la entidad de cara a otras emisiones. El mero rumor de que algo así podría pasar con Deutsche Bank provocó el año pasado desplomes de las cotizaciones de todo el sector financiero en Europa. De hecho, el comunicado de Popular unido a la renuncia de su consejero delegado, Pedro Larena, motivaron ayer un desplome de su acción del 10,4%, la mayor caída desde la macroampliación de capital del año pasado.
Esta situación fuerza a Saracho a acelerar la venta de participadas con las que conseguir capital, como sus filiales norteamericana o portuguesa, su 49% en WiZink y Popular Banca Privada. Así, según Goldman Sachs, el calendario regulatorio puede rebajar la cifra de capital total del banco en torno a 60 puntos básicos.
El reto de la junta
Junto a la superación del umbral para los CoCos, fuentes financieras describen como un alivio para el presidente de Popular que finalmente no haya habido que reformular las cuentas de 2016, ya que esto hubiera "complicado la situación actual antes de la junta" y hubiera supuesto un freno a la estrategia que tiene en mente Saracho. Aun así, añaden las mismas fuentes, el banquero se enfrenta el próximo lunes a una junta complicada a la que, al ya de por sí elevado descontento de los accionistas, tiene que añadir el reto de aprobar unas cuentas "que él mismo ha dicho que tienen errores".
Otros banqueros consultados señalan que la próxima prueba de fuego está en los resultados semestrales, cuando el auditor (PwC) y los supervisores (Banco de España y BCE) tienen que dar validez a los ajustes detectados por Saracho y que no se van a cargar mediante reformulación, sino con cargo a las cuentas de este año. Entre los puntos que se chequearán es el grado de autofinanciación de capital que se realizó en la macroampliación de capital del año pasado. El banco ha reconocido ahora que clientes suyos destinaron créditos por valor de 205 millones para la compra de acciones del banco. No se trata de algo ilegal, pero sí es un dinero que no debe computar como capital, ya que sale de su propio balance.
Saracho tiene ante sí el reto de convencer a los accionistas de Popular para que aprueben unas cuentas en las que su equipo ve errores
El resto de los ajustes extra sobre las cuentas de 2016 son principalmente por créditos que se han encontrado que no tenían garantía inmobiliaria. Muchos son de inmuebles que se ha adjudicado el banco, y que en lugar de provisionar correctamente quedaron como créditos en los que todavía estaba en vigor la garantía del piso.
Fuentes financieras consultadas descartan que estos ajustes hayan sido la clave para la salida de Larena, si no más bien la falta de entendimiento entre Saracho y el hasta ahora consejero delegado y la llegada de Miguel Escrig, director general adjunto a la Presidencia, que está haciendo las veces de número dos. "La relación de Larena y Saracho era muy buena de inicio, pero se han ido distanciando a medida que Larena no ha estado de acuerdo con algunas de las medidas del presidente", explican. Saracho tiene que decidir ahora si nombra a Escrig consejero delegado o ficha a otra persona de confianza. El exdirectivo de JPMorgan, José Antonio Cerezo, es uno de los que más ha sonado para ello.
