Los banqueros españoles llevan meses defendiendo a ultranza el sistema hipotecario español, que ha permitido históricamente que millones de españoles accedan a la compra de una vivienda en buenas condiciones. Sin embargo, nuestro régimen crediticio se ha llevado un nuevo revés a nivel europeo.
El primero fue por las cláusulas suelo, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbó la decisión del Tribunal Supremo de acotar a mayo de 2013 el plazo máximo de devolución para los afectados por estas polémicas condiciones.
Ahora ha sido la Comisión Europea (CE) la que ha dado el nuevo varapalo a España, por no incorporar a tiempo la nueva directiva comunitaria sobre créditos hipotecarios.
"La no aplicación de la directiva por los Estados miembros significa que los consumidores de esos Estados no pueden disfrutar de la protección que la misma garantiza cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos. Por otra parte, […] dificulta la competencia, limita las posibilidades de elección y lleva a unos precios más altos", expone el comunicado de la CE.
España lleva tiempo preparándola. De hecho, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha manifestado en más de una ocasión que es su primera prioridad legal de esta legislatura. Pero los plazos van mucho más lento de lo esperado, y todo apunta a que no se podrá aprobar hasta después de verano, una vez pase los trámites parlamentarios.
Mensaje oficial
Desde el Gobierno justifican que no se ha podido transponer hasta ahora la norma comunitaria porque el año pasado estuvieron en funciones y porque desde que se formó Gobierno se está negociando con otras fuerzas parlamentarias para negociar la ley. Además, defienden que la transposición española irá mucho más allá que la comunitaria en protección de los clientes bancarios y a favor de la transparencia.
Sea como sea, según Bruselas esta normativa debía estar en vigor en marzo de 2016. El primer aviso al Gobierno español se realizó en mayo de 2015. Este retraso, que también se ha producido en los casos de Croacia, Chipre y Portugal, ha llevado a la Comisión a trasladar el caso ante la justicia para una posible sanción. España se tendrá que volver a sentar en el banquillo del TJUE por un tema hipotecario.
El retraso dificulta la competencia, limita las posibilidades de elección y lleva a unos precios más altos"
En la última, el Gobierno defendió la postura de la banca de que se limitaran las devoluciones de las cláusulas suelo con un tope temporal de mayo de 2013. Lo hizo argumentando que lo contrario suponía un peligro sistémico para el sector, que podría haberse visto afectado por las provisiones millonarias. El sector financiero dotó casi todos los riesgos retroactivos de las cláusulas suelo a finales del año pasado sin entrar en pérdidas ninguna entidad, salvo Popular por su saneamiento inmobiliario.
Desde el Ejecutivo se espera que se apruebe la nueva ley hipotecaria antes de una eventual sanción. De hecho, es muy poco habitual que haya multas por este tipo de circunstancias a nivel europeo. Éste no es el único frente de críticas a los que se expone España en Europa, donde ya le han dado el primer aviso para que transponga la nueva directiva de medios de pago.
