Un peso pesado de la Administración de Zapatero se encargará de la defensa de dos de los principales nuevos imputados del caso Bankia: el expresidente de la CNMV, Julio Segura, y el exvicepresidente del supervisor y exsubgobernador del Banco de España, Fernando Restoy. Se trata de Joaquín de Fuentes Bardají, quien fue Abogado General del Estado y Consejero de Estado desde 2004 hasta 2012, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, según fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli.
Ni Segura ni Restoy han estado afiliados al PSOE, pero al primero sí que se le considera más cercano a los socialistas, por ideas (militó en el Partido Comunista de España) y porque fue el propio Zapatero quien le nombró presidente de la CNMV. En el caso de Restoy, su perfil es más técnico, aunque fue el propio PSOE quien le propuso para subgobernador del Banco de España en 2012, después de no llegar a un acuerdo con Mariano Rajoy para que lo fuera Soledad Núñez.
El papel del Gobierno de Zapatero en la salida a bolsa de Bankia está en cuestión por la presión que ejerció para que grandes compañías cubrieran el tramo institucional de la operación, de 1.200 millones de euros. Sin embargo, nadie de ese Ejecutivo ha declarado en la instrucción que dirige el juez Fernando Andreu. Sí lo hizo el actual ministro de Economía, Luis de Guindos.
De Fuentes ya ocupó puestos en la Administración durante el Gobierno de Felipe González, como jefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación (1984-88); Abogado del Estado Jefe en el Tribunal de Cuentas (1988-1990); secretario general técnico del Ministerio de Justicia (1990-93); y abogado del Estado ante el Tribunal Supremo (1993-94).
Línea de defensa
Posteriormente, estuvo cuatro años en Renfe y en 1998 dio el salto al sector privado en Telefónica, donde fue secretario general y del consejo. Fue en 2004 cuando volvió al Gobierno de la mano de Zapatero. Con la llegada de Rajoy, se unió al bufete Alemany & Escalona, que pasó a denominarse Alemany, Escalona & De Fuentes.
La línea de defensa tanto de Segura como de Restoy está clara: argumentarán ante el juez que han sido imputados sin ninguna prueba, ya que los polémicos correos del Banco de España que dieron pie a la decisión de la Audiencia no hacen alusión alguna a la CNMV. Junto a ello, desde el supervisor han reiterado en más de una ocasión que hicieron todo lo posible en julio de 2011 para proteger a los pequeños inversores y clientes de Bankia, obligando a la entidad a crear el tramo institucional de la Oferta Pública de Suscripción (OPS), que provocó que el precio de la operación fuera más bajo.
Estas razones han llevado a Restoy a no abandonar su actual puesto en Basilea como presidente del Instituto de Estabilidad Financiera (FSI, por sus siglas en inglés), dentro del Banco Internacional de Pagos (BIS).
Por su parte, el subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, ha contratado al mismo bufete que los otro cinco imputados del regulador: Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Mariano Herrera, Jerónimo Martínez Tello, Pedro Comín y Pedro González. Les representará Bernardo del Rosal, un ex ejecutivo de Clifford Chance con mucha influencia en Alicante y que ha tenido últimamente papeles relevantes en casos como el de las ITV, CAM, Pescanova o Púnica.
