Los tribunales no se aclaran sobre la salida a bolsa de Bankia. Cada semana hay una sentencia en un sentido sobre demandas de grandes inversores de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de julio de 2011. Dos juzgados de Barcelona separados por apenas unos metros, el número 30 y el 44, han dictado dos sentencias contrarias en dos casos casi idénticos. Por un lado, una sicav catalana se ha apuntado una victoria frente al banco, tal y como adelantó este medio. Por otro lado, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri la que se ha impuesto a una gran fortuna catalana.
Se trata de la familia Miarnau, principal accionista de Comsa Emte, un grupo constructor y de infraestructuras catalán fruto de la fusión en 2009 de Comsa, de los Miarnau, y Emte, de la familia Sumarroca. El grupo todavía está en fase de digerir el enorme volumen de deuda fruto de los años previos a la crisis, y recientemente ha sido una de las empresas investigadas por el caso del 3%. A sus accionistas también se les ligó a escándalos como Panamá Papers.
La demanda contra Bankia se interpuso desde tres sociedades patriomiales de los Miarnau, que a su vez controlan Comsa. Son Sheratan Management, Deimos Inversión y Vatapa Inversiones. Entre las tres invirtieron 1,2 millones de euros en la salida a bolsa, de los que perdieron 775.000 euros, dos tercios del dinero apostado.
La sentencia, que se basa en la decisión del Supremo de febrero de 2016, es muy dura contra las pretensiones de la familia Miarnau: “El presente pelito está referido a una operación de inversión, de carácter especulativo, que en conjunto alcanzó la nada despreciable cantidad de 1.200.000 euros”. Es decir, de partida, el tribunal considera que los Miarnau no son inversores con las mismas responsabilidades y derechos que los particulares.
Inversor "perito"
Más adelante, la sentencia lo explica: “El legislador impone al inversor profesional un deber de ir mucho más allá en la búsqueda de inversión. […] La posición del inversor cualificado en este tipo de acciones sería análoga a la de un perito que, por razón de su oficio o profesión, está en disposición de conocer los vicios ocultos de una cosa”. “No puede arrogarse una posición de víctima, ante el supuesto daño padecido en julio de 2011, como si fuese un inversor minorista, y solo por el hecho de que en el folleto informativo de la OPS se contuviese una información inexacta”, añade.
Los tribunales están dejando hasta ahora tres clases de sentencias: las que toman al pie de la letra la sentencia del Supremo, y por tanto rechazan la demanda, como la de Miarnau y Porcelanosa; las que ignoran al Alto Tribunal, y consideran que si las cuentas estaban mal, lo era para todos, como la de Stock Area Sicav, la que representó el bufete Jausas; y las que analizan si hubo alguna motivación más allá del folleto, como las presiones del Gobierno para que los grandes inversores acudieran a la OPS, como una de Calatayud.
El juez de Barcelona considera que todos los institucionales tuvieron más capacidad para analizar la OPS que los pequeños inversores
El mundo jurídico y de las grandes empresas espera con atención lo que ocurra tras el juicio entre Iberdrola y Bankia, que concluyó la semana pasada. Bankia alegó que la eléctrica tenía en julio de 2011 más capacidad de análisis que el resto de inversores, como sostiene la sentencia de los Miarnau, y que fue empujada a la OPS por el Gobierno. Por su parte, la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán alegó que manejó su dinero como un inversor más engañado por el folleto de la salida a bolsa.
