El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso del Banco Santander y ha confirmando la sanción de 1 millón de euros impuesta por el consejo de ministros en mayo de 2019 por blanqueo de capitales cometido por el Banco Popular, adquirido en junio de 2017 al precio simbólico de 1 euro.
La entidad que preside Ana Botín presentó un recurso de reposición contra dicho acuerdo, que fue ratificado también en consejo de ministros en septiembre de 2020.
Ahora, la sala tercera del Supremo ha desestimado el recurso contencioso administrativo del banco, al entender que tras hacerse con el Popular al precio simbólico de 1 euro, el Santander asumió "la totalidad de derechos y obligaciones de dicha entidad".
El caso se remonta a 2017 -antes de la resolución del Popular, que tuvo lugar en junio-, cuando una inspección efectuada por el Sepblac entre el 6 y el 29 de marzo de ese año detectó que en una serie de operaciones realizadas entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 por clientes chinos el banco no cumplió con su obligación de informar de indicios de blanqueo de capitales.
