El segundo mayor banco de Italia, UniCredit, se ha retirado de un posible acuerdo para comprar una participación en el banco ruso Otkritie por las crecientes tensiones con Ucrania y los riesgos geopolíticos, segn ha anunciado este viernes la entidad financiera.
"Dado el actual contexto político, hemos decidido retirarnos", dijo el consejero delegado, Andrea Orcel, a quien el banco Santander le tiene que indemnizar con 51 millones por su fichaje frustrado en 2019, en la presentación de los resultados del 2021, cuando la entidad tuvo un beneficio de 1.540 millones de euros frente a las pérdidas de 2.785 millones del 2020.
Orcel confirmó que UniCredit seguirá operando en Rusia, donde cuenta con una red de 4.000 empleados, porque "la presencia en el país está por encima del costo de capital", pero reconoció una preocupación por las tensiones entre Rusia y Ucrania, que podrían influir en las perspectivas económicas.
El banquero italiano tiene un largo historial de éxitos en operaciones de compra y fusiones y en 1998, cuando trabajaba en Merrill Lynch, impulsó la adquisición de Credit Italiano por parte de UniCredit. Ahora, como consejero delegado de UniCredit ha defendido en varias ocasiones la importancia de estudiar oportunidades de fusiones y adquisiciones, pero siempre y cuando agreguen valor para los accionistas y refuercen la rentabilidad del grupo, un escenario que sigue manteniendo en su radar, subrayó este jueves.
Otkritie cuenta con unas 500 sucursales en Rusia y es un banco considerado de importancia sistémica nacional. En 2017, cuando acumulaba una gran cantidad de deudas incobrables, fue rescatado por el Banco Central de Rusia, que en los últimos tiempos busca a un potencial comprador para ir deshaciendo su participación.
UniCredit, que tiene una capitalización bursátil de 30.000 millones de euros, negoció el pasado año con el Tesoro italiano la compra del banco Monte dei Paschi di Siena (MPS), recapitalizado acautelarmente en 2017, pero exigía a la entidad toscana que acometiera una ampliación de capital de unos 6.000 millones de euros, el doble de lo que preveía el Estado italiano.
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