En un auto, el magistrado ha archivado las denuncias de UPyD y la asociación Kontuz! por delitos societarios, falsificación, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económico-financiera contra los consejeros de la entidad porque la constitución de Banca Cívica, luegoabsorbida por CaixaBank, fue "fundamentalmente sólida" y su proyecto de integración "consistente y variable".
Además, señala, de acuerdo con el informe pericial elaborado por el Banco de España, que llegó a su juzgado la semana pasada, que los equipos directivos de las cajas de ahorros integrantes -Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Cajasol- tenían una "capacidad satisfactoria y adecuada" y disponían de una "experiencia probada en el sector".
Según Velasco, los ajustes puestos en marcha por la entidad no implicaron que su contabilidad fuera "incierta" ni que estuviese "maquillada" para "engañar a la Administración ni a los usuarios", y sostiene que el erario público no sufrió pérdidas con motivo del préstamo de 977 millones que recibió del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), puesto que se devolvió con intereses superiores a los comerciales
No obstante, el juez aprecia irregularidades en varias operaciones que podrían haber supuesto "la presunta dilapidación de la solvencia de Caja Navarra, sacrificando recursos, realizando inversiones inmobiliarias cuestionadas de amiguismo o nepotismo en el nombramiento de empresas participadas", falseando las contabilidades de los ejercicios 2007-2009 y otras inversiones "muy sospechosas".
El magistrado ha adoptado así los criterios de los dos peritos del Banco de España que elaboraron el informe en el que el supervisor garantizaba que no hubo irregularidades ni incumplimiento de la normativa en el estreno bursátil de Banca Cívica ni en su posterior absorción por parte de CaixaBank.
Velasco admitió a trámite las denuncias contra los consejeros de Banca Cívica en marzo de 2013, pero dejó en manos del citado Juzgado de Pamplona la investigación sobre las dietas de Caja Navarra (CAN), que terminó dando carpetazo al asunto después de que el Supremo archivara el verano pasado las actuaciones abiertas contra la presidenta de la Comunidad Foral,Yolanda Barcina.
