Los gastos hipotecarios, las hipotecas multidivisa y el IPRH han eclipsado uno de los grandes retos que tiene la banca española en los tribunales: los desahucios. La política de ejecuciones hipotecarias de las entidades está en el entredicho a raíz de lo ocurrido durante la crisis. Y las consecuencias pueden generar un agujero millonario a los bancos y sus grandes aliados en el desagüe inmobiliario, los fondos oportunistas.
Actualmente hay en juego la disputa con 34.000 millones en hipotecas morosas. De ellos, 22.000 millones están en manos de los bancos y 12.000 millones se han vendido a fondos, según un informe de Oliver Wyman.
El posible golpe al sector llega por dos frentes: el Congreso de los Diputados, cuyo impacto está más o menos acotado; y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuyo dictamen podría tener consecuencias impredecibles.
En el centro del debate está la cláusula del vencimiento anticipado de las hipotecas. Hasta ahora, un banco podía exigir el pago de todo el préstamo por el impago de una o más cuotas.
Nueva ley
Esto es algo que va a cambiar de forma retroactiva el Congreso en la nueva ley hipotecaria. Desde que se apruebe la regulación, no valdrá con impagar una cuota, sino que sólo se podrá activar cuando se hayan dejado de abonar 12 mensualidades o un 3% del préstamo, o 15 cuotas y el 7% del principal si es durante la segunda mitad de la hipoteca.
Fuentes financieras explican que esta medida tendrá un efecto limitado en la morosidad y provisiones de la banca, ya que las hipotecas es lo último que se deja de pagar y lo único que hace es retrasar un año el proceso de desahucio de aquellos clientes que no puedan hacer frente al crédito. Para los fondos, el impacto es residual ya que las hipotecas morosas que se han quedado de la banca llevan años sin pagarse.
Lo que realmente preocupa a ambos bandos es la resolución que adopte el Tribunal de Luxemburgo. El TJUE tiene pendiente pronunciarse sobre cinco procesos sobre la posible nulidad de la cláusula del vencimiento anticipado. Se dirigen contra Abanca, Bankia (tres) y BBVA, aunque afectarán a todo el sector.
La opinión del Abogado General de la UE supone un mal presagio para la banca. Si el tribunal adoptara su criterio, se anularían todos los procesos de desahucio en los tribunales y la ley que prepara el Congreso se quedaría corta. Cabe la opción de que no se pudiera echar a un hipotecado moroso hasta que sus impagos ascendieran al precio del inmueble, lo que puede tardar años y años. El fallo del TJUE se espera para entre diciembre y enero.
Una resolución en esta línea provocaría un golpe a las cuentas del sector financiero, que tendría que enfrentarse incluso a la revisión de ejecuciones del pasado. Por su parte, muchos fondos podrían ver arruinados sus planes en España.
