El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) elegirá en los próximos días al banco de inversión encargado del diseño de la privatización de Bankia. Sin embargo, la fase inicial del proceso se ha cocinado ya entre sus tres actores principales: Economía, el fondo de rescate y la propia entidad. El Estado iniciará su desinversión del 68,4% en Bankia en pequeños tramos (dos o tres) en los que se colocará, en cada uno de ellos, entre un 3% a un 5% de la participación del FROB, según confirman fuentes conocedoras del proceso. Estas desinversiones iniciales prepararán a la acción para una futura gran colocación, aún no definida, pero que incluso podría superar el 10% de Bankia. Ninguna de estas ventas tienen aún fecha, pues se esperará a la elección del banco de inversión para conformar el calendario del proceso.
“El apetito inversor por Bankia es enorme. Incluso se podría sacar al mercado un porcentaje muy importante, que podría llegar al 20%. Pero la primera fase del proceso se ejecutará con pequeñas colocaciones”, reafirman estas mismas fuentes. El objetivo de esta estrategia es conseguir que el ‘free float’ (títulos en circulación) de Bankia vaya ganando músculo de liquidez al conseguir que se aumente el volumen de operaciones diarias sin que ellos distorsione el precio de la acción.
Actualmente, el ‘free float’ de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri es limitado. Dos son los motivos. Por una parte, el enorme peso de la participación del Estado que tiene restringido el movimiento de cerca de un 70% del capital. De otra parte, la presencia de antiguos preferentistas o titulares de deuda subordinada que no mueven sus títulos a la espera de recuperar su inversión inicial en los primitivos productos híbridos que compraron a las antiguas cajas. Estas dos causas han obligado a Economía, por consejo de posibles inversores a los que ya se ha sondeado, a reelaborar su estrategia inicial que pasaba por una venta inicial de un porcentaje más significativo (10% al 15%) de Bankia para comenzar a recuperar las ayudas inyectadas.
“En la situación actual, si algún inversor empezara a mover 100 millones, que tampoco es una cifra descabellada para los fondos que están interesados en Bankia, se podrían producir distorsiones en el precio de los títulos. Un objetivo, desde luego, no buscado”, explican estas fuentes. Las acciones con un pequeño capital flotante libre, como es el caso de la entidad ‘verde’, tienden a ser más volátiles al haber un número limitado de acciones que pueden ser compradas o vendidas en un proceso de negociación. Apenas un 10,6% de los títulos de Bankia se encuentran en manos de institucionales internacionales, como confirmó José Sevilla, director general de Presidencia, en la presentación de resultados anuales de la entidad.
Economía necesita elevar el 'free float' de Bankia, muy poco líquido por la alta participación del FROB y los títulos en manos de los afectados por los híbridos, para no distorsionar el precio de la acción
En este sentido, los inversores institucionales suelen invertir en acciones con un gran ‘free float’, ya que pueden comprar o vender un número significativo de acciones sin afectar en gran medida al precio de la acción. Este es el objetivo de esta primera fase de la privatización de Bankia, que se desarrollaría a lo largo de este año, antes de acometer la primera gran colocación de un porcentaje significativo.
En esta segunda fase, aún sin fecha, aunque no parece probable que se ejecute antes del próximo año, los títulos en poder del FROB se empezarían a comercializar entre inversores minoristas. Tanto Economía como el FROB prefieren no ofrecer todavía su participación a pequeños accionistas particulares, según confirman fuentes del Gobierno, porque consideran que aún está muy reciente la OPV de Bankia y las nefastas consecuencias, en forma de pérdidas, que han sufrido muchos de aquellos ahorradores.
En cuanto al calendario de privatización, éste podría extenderse incluso hasta 2017, un plazo algo superior al marcado por el presidente de Bankia que concretaba un período de dos años para culminar la salida total del Estado de una entidad que ha vuelto a beneficios en 2013 (509 millones) tras haber perdido 19.132 millones un año antes.
