La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Fernando Andreu de rechazar la intervención judicial de Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), al considerar que la "parcialidad" que Unión, Progreso y Democracia (UPyD) atribuye a los nuevos gestores forma parte de "presunciones de culpabilidad que no pueden ser atendidas en un Estado de Derecho", informa Europa Press.
Así consta en un auto notificado este miércoles en el que el tribunal rechaza el recurso de apelación presentado por la formación que lidera Rosa Díez, que ejerce la acusación popular en la causa, contra la decisión del juez Fernando Andreu, que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, de rechazar la intervención judicial de la entidad.
El tribunal, integrado por los magistrados Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Clara Bayarri, también rechaza llevar a cabo esta medida como "forma de salvaguardar los derechos" de los 4.500 trabajadores de Bankia sobre los que pesa un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), al entender que la acusación popular no tiene "legitimación activa" para solicitar "medidas cautelares tendentes a asegurar las futuras responsabilidades pecuniarias por carecer de cobertura legal para ello".
Por esta misma razón, los jueces de la Sección Tercera desestiman la medida cautelar como forma de "controlar la despatrimonialización de la entidad" y como mecanismo para "proteger a los accionistas y acreedores de Bankia", tal y como sostenía en su recurso la representación de UPyD.
Bankia es ahora una entidad "completamente distinta", según el juez.
Andreu rechazó la intervención judicial de Bankia en un auto dictado el 30 de julio de 2012 en el que sostenía que la medida no se justificaba para prevenir la continuidad delictiva, puesto que la actual administración de la entidad es "completamente distinta a la que se encontraba al frente de la entidad cuando se cometieron los hechos objeto de la investigación". Añadía que Bankia es, de facto, un banco intervenido por el Estado a través de "una entidad de derecho público" como es el Fondo de Ordenación y Reestructuración Bancaria (FROB), dependiente del Banco de España.
La sustitución de los administradores actuales de Bankia y su matriz se debería acordar sólo si es adecuada para superar una situación de peligro y es "estrictamente necesaria" para impedir la continuidad de la actuación delictiva, circunstancias que no concurren en el presente caso, según el juez.
En la causa están imputados 33 exconsejeros de Bankia y BFA, entre ellos el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, y las dos entidades como personas jurídicas. Se les imputan indiciariamente los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
