La banca española podría afrontar una nueva oleada de provisiones a final de año por la sentencia del Supremo de los gastos hipotecarios. Tanto el BCE como las auditoras prevén revisar a fondo las contingencias legales reservadas a este fin para el cierre de las cuentas de 2018, según varias fuentes auditoras y del entorno del Banco de España consultadas por Vozpópuli.
Dichas fuentes son cautas y avisan que no tomarán una decisión hasta el 5 de noviembre, día vuelve a abordar la cuestión el Supremo.
Hay diversos escenarios que se pueden abrir entonces. El mejor para la banca es que el Alto Tribunal diga que el fallo no puede aplicarse de forma retroactiva, de forma que la banca empiece a encargarse del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a partir de ahora, pero no tenga que abonar nada del pasado. En tal caso, las entidades no tendrían que provisionar un euro más.
El escenario central es que el Supremo decida que la banca tenía que haber pagado el impuesto, pero que se trata de un asunto tributario, por lo que la retroactividad se limite a cuatro años, como adelantó ayer 'El Mundo'. En tal caso, las fuentes consultadas señalan que se revisará a fondo las provisiones de cada entidad. Aquellas que ya tengan dotaciones destinadas a los gastos hipotecarios, podrían librarse de una nueva factura o que ésta fuera limitada. Las que tengan descuidada esta partida podrían tener un impacto negativo considerable a final de año.
Impacto millonario
Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impuso que la banca tenía que pagar las cláusulas suelo de forma retroactiva, el BCE y el Banco de España impusieron provisiones en el cierre de las cuentas de 2016 a pesar de que la sentencia llegó el 21 de diciembre. Entonces, el coste se calculó en 4.000 millones.
Hay distintos cálculos de cuánto sería el impacto en el caso del impuesto de los gastos hipotecarios. En el sector financiero se da credibilidad al elaborado por el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que eleva a 3.600 millones el potencial golpe.
En el escenario más negativo las provisiones podrían acercarse a los 10.000 millones y tumbar a más de una entidad
Desde las entidades niegan cualquier posible provisión por este motivo, ya que serán las comunidades autónomas las que tendrán que afrontar el coste en un primer momento. Posteriormente, eso sí, reclamarán el dinero a la banca.
El tercer escenario para la banca es el peor: que el Supremo diga que los bancos tendrían que haber pagado el impuesto y que se debe devolver en todas las hipotecas en vigor. Algo que podría llevarse por delante entidades medianas, según diversas fuentes. Hay distintos cálculos para este escenario: de los 9.000 millones estimados por Morgan Stanley y BBVA, hasta los 25.000 millones que estima Gestha.
Por si fuera poco, hay otras amenazas en el horizonte, como la esperada sentencia del IRPH en Luxemburgo, que según Mirabaud puede tener un impacto total de 10.500 millones. De ahí el nerviosismo de la banca con las sentencias judiciales.
