El IEE ha presentado hoy un estudio titulado “La competitividad fiscal de las entidades locales y de las comunidades autónomas: factor determinante para su desempeño económico”, en el que se incluye un estudio introductorio sobre el sistema fiscal de las entidades locales y de las comunidades autónomas con propuestas de mejora, un análisis de la competitividad fiscal local y de las comunidades autónomas, todo ello realizado por el IEE, y se complementa con un estudio de la imposición personal en grandes ciudades europeas, realizado por Alberto Monreal Lasheras, Socio of Counsel de PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, y una aproximación a la foto fija del laberinto fiscal autónomo en los tributos cedidos, elaborado por Valentín Pich Rosell, Presidente del Consejo General de Economistas de España.
En cuanto al índice de competitividad fiscal municipal, donde se recoge la media ponderada de recaudación para los 141 municipios españoles con más de 50.000 habitantes que, conjuntamente, suponen la mitad de la población de nuestro país, las principales conclusiones son las siguientes:
- Según el índice, que incluye los 50 mejores y peores municipios, Boadilla del Monte, Majadahonda, Arrecife y Las Rozas de Madrid son los municipios que mejor competitividad fiscal agregada presentan de toda la muestra analizada. Entre los diez mejores también estarían Mijas, Sagunto, Dos Hermanas, Alcobendas, Ourense y Getafe.
- Por el contrario, Reus, Girona y Sanlúcar de Barrameda son los municipios que peor competitividad fiscal presentan de toda la muestra analizada. Entre los diez municipios con peor competitividad fiscal también se encontrarían Lleida, Tarragona, Gandía, La Línea de la Concepción, Elda, Alcoy y Granollers.
- En relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbano, los municipios con mayor tamaño poblacional, en media, son aquellos que mejor tratan fiscalmente a sus ciudadanos y, por tanto, los que mejor competitividad fiscal local presentan, a pesar de que la ley establece una serie de supuestos por los cuales, según los datos por criterios poblacionales, el tipo puede ser incrementado. En el polo opuesto, aquellos municipios con una población de entre 500.000 y 200.000 habitantes, y que pueden incrementar los tipos en la misma medida que los mayores municipios de España, son los más gravosos.
- Entre los municipios españoles con más de 500.000 habitantes destaca la mayor competitividad fiscal de Madrid, Zaragoza y Málaga. En el polo opuesto, Barcelona, Valencia y Sevilla presentan una presión fiscal normativa superior a la media nacional.
- Si se realiza la agrupación por comunidades autónomas, usando la media ponderada de todos los impuestos, resulta que Islas Baleares es la comunidad autónoma que mejor competitividad fiscal local presenta, seguida por Madrid, Cantabria y Asturias, todas ellas por encima de la media nacional. En el polo opuesto, Cataluña, Cantabria, Islas Baleares y Ceuta presentan la mayor presión fiscal normativa nacional, y, por tanto, la peor competitividad fiscal, todas ellas en más de un 8% por encima de la media nacional.
La Comunidad de Madrid, el sistema más competitivo
En relación con la competitividad fiscal de las comunidades autónomas, en España, el sistema fiscal más competitivo, corresponde a la Comunidad de Madrid (76,2 puntos), a los territorios forales del País Vasco (Vizcaya: 81,5 puntos; Álava: 82,2 puntos; Guipúzcoa: 84,8 puntos) y a Canarias (95,2 puntos). De igual forma, los peores resultados se obtienen en las regiones de Cataluña (123,8 puntos), Comunidad Valenciana (116,3 puntos), Aragón (115,3 puntos), Asturias (115 puntos) y Extremadura (110,2 puntos). Esta evolución de la competitividad fiscal se corresponde con el análisis que realiza el presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich Rosell, en el artículo que se publica en este informe, "Aproximación a la foto fija del laberinto fiscal autonómico de los tributos cedidos» y que se corresponde con los resultados publicados por el CGE en el «Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Local 2023".
Partiendo de los datos tributarios de competitividad fiscal se constata que está muy relacionado con el Índice de Competitividad Regional. De esta forma se constata que un marco fiscal competitivo favorece un mayor crecimiento económico y contribuye a un mejor nivel de vida. Las regiones que se encuentran en el primer cuartil de competitividad fiscal (Q1) cuentan con un PIB per cápita mayor que aquellas que se encuentran en el último cuartil (Q4). De esta forma se demuestra que las regiones que cuentan con un mayor bienestar económico, medido a través del PIB per cápita, son aquellas que presentan un mejor desempeño en competitividad fiscal.
La comunidad autónoma que obtiene mejores resultados en términos de competitividad regional es la Comunidad de Madrid con un valor del Índice de Competitividad Regional (ICR) de 119,3 puntos. La sigue el País Vasco con un valor del ICR de 107,6 puntos y Cataluña con 101,3 puntos, siendo estas tres regiones las únicas CC. AA. que superan la media europea dentro del territorio español. Por el contrario, dentro de las regiones españolas con peores resultados, nos encontramos con Extremadura, Andalucía y Canarias con una puntuación que no alcanza los 80 puntos, muy alejados del promedio europeo.
En este sentido, también resulta relevante la comparativa de la imposición personal en grandes ciudades europeas incluida en el informe en el artículo de Alberto Monreal Lasheras, Socio of Counsel de PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, «Imposición personal en grandes ciudades europeas», relacionando la fiscalidad que recae sobre la renta personal y, de esta manera, introducir un elemento adicional de competitividad fiscal, puesto que la competencia de las grandes ciudades por la atracción del talento está, cada vez más, ligada muy estrechamente a la fiscalidad de los ciudadanos.
Este análisis abandona la comparativa de indicadores clásicos como la presión fiscal, el esfuerzo fiscal, el PIB y el PIB per cápita para centrarse en las ocho ciudades europeas seleccionadas (Madrid, Barcelona, Roma, Lisboa, Berlín, Londres, Ámsterdam y París), en la situación de personas concretas, la fiscalidad en singular, a través de varios perfiles personales concretos, que permiten comparar la fiscalidad real sobre una persona residente en cualquiera de estas ciudades.
Según se concluye en el análisis, la tributación por imposición personal sobre la renta, tanto en Madrid como en Barcelona, en el contexto de las grandes ciudades europeas que hemos trazado, está en la zona media. Si bien llama la atención que, en ambos casos, la tributación de rentas de 24 mil euros es superior que en el resto, solo en Lisboa esta renta tributa más. En todos los casos analizados los residentes en Madrid tienen una tributación inferior a Barcelona, si bien Madrid tiene una escala con mayor progresividad.
Por último, en el informe se constata que la competitividad fiscal también está relacionada con los indicadores de desempeño de la actividad del sector público. El establecimiento de un marco tributario eficiente y competitivo tiene repercusiones no solo en las cuentas públicas, a través de mayores niveles de recaudación, sino que, por el ejercicio de la corresponsabilidad fiscal, se genera un mayor aprovechamiento o eficiencia del gasto público, tal y como se observa en los indicadores de desempeño correspondientes al presupuesto destinado a educación, sanidad, fomento de la actividad empresarial, innovación o en el tamaño y eficiencia y flexibilidad de los mercados, en particular, en el de trabajo.
Un marco fiscal competitivo garantiza la justicia y promueve la necesaria corresponsabilidad fiscal a través de una distribución equitativa de la carga fiscal y una gestión eficiente de los recursos públicos. Siguiendo el ejemplo de los países más avanzados de la OCDE, el incremento de la recaudación tributaria debería basarse en el aumento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico, que es la verdadera palanca de la redistribución, y en la lucha contra el fraude fiscal, más que en incrementar la presión sobre unos contribuyentes que, en el caso de la economía española, ya soportan una carga tributaria superior a la de los países de nuestro entorno, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico.
Tal y como se detalla en el informe, las regiones que disponen de mejores puntuaciones para el indicador de competitividad fiscal cuentan, también, en promedio, con mejores puntuaciones en el Indicador de Competitividad Regional; son capaces de promover la productividad, a través de unos mejores niveles de salud y bienestar de población activa, lo que implicaría un mejor desempeño de su gasto sanitario y social. La competitividad fiscal también es capaz de fomentar instituciones educativas que tienen una mayor capacidad de inversión en investigación y desarrollo, pudiendo mejorar la capacidad de la región en términos de innovación. Por último, los indicadores analizados muestran que aquellas regiones que ofrecen unos marcos fiscales más atractivos son capaces de atraer empresas aumentando la oferta de empleo de una región e incrementando la competencia por los trabajadores más cualificados.
Por ello, el establecimiento de tributos específicos sobre determinados sectores económicos y agentes no se justifica ni desde una perspectiva económica ni desde la fiscal, y genera inseguridad jurídica. La adopción unilateral de estas medidas, tal y como quedan reflejadas en sus normativas, dejan de lado la necesaria coordinación internacional y armonización con nuestros socios europeos, lo que origina una erosión adicional de las bases fiscales y pérdida de competitividad de nuestra economía. Estos gravámenes, más allá de atentar contra criterios de eficiencia económica, introducen un aumento del riesgo regulatorio desincentivando tanto los procesos de generación de ahorro y acumulación de capital como los de inversión necesaria para afrontar retos a más largo plazo que debe afrontar la economía española.
