En juego, 3.000 millones de euros. La cuantía máxima que tendría que devolver BFA-Bankia por su salida a Bolsa si el juez Fernando Andreu considera que las cuentas del grupo no reflejaban la imagen fiel de la entidad en el momento del salto al parqué. Así lo corroboran Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, los dos peritos del Banco de España que colaboran con el magistrado de la Audiencia Nacional en la instrucción del caso Bankia. De ahí, que la declaración de ambos técnicos, que comenzó este lunes y se prolongará durante toda esta semana, concitase incluso más expectación que los interrogatorios de Rodrigo Rato o Miguel Blesa por las tarjetas Black.
Los dos peritos ratificaron sus informes ante las preguntas del fiscal Alejandro Luzón, que llegó a mostrarse escéptico ante algunas respuestas, y de todas las acusaciones, según fuentes presentes en la declaración. Tanto Busquets como Sánchez reconocieron que Banco Financiero y de Ahorros (BFA) estaba en una situación de quiebra por el precio al que quedó fijado la acción de Bankia en su salida a Bolsa. Los peritos defendieron que los 3,75 euros por título, que suponía un descuento sobre el valor contable del 74%, hubieran creado un 'agujero' inmediato en los estados financieros de BFA de haberse reconocido.
Los 3,75 euros por título, que suponía un descuento sobre el valor contable del 74%, hubieran creado un 'agujero' inmediato en los estados financieros de BFA de haberse reconocido
"De haber sido así", explicaron los peritos ante el juez Andreu, "la matriz de Bankia hubiera entrado en causa de disolución". Esta situación habría dificultado la viabilidad del banco cotizado, pese a que éste contaba con cortafuegos frente a su matriz. De haberse reconocido esta pérdida, la primera consecuencia habría sido la ruptura de la unidad fiscal del grupo por lo que se hubiera dañado la recuperabilidad de los activos fiscales de BFA-Bankia, que ascendían a cerca de 3.000 millones.
Ambos peritos insistieron en su declaración en que no existió un "modelo de concurrencia" en la fijación del precio de la acción de Bankia puesto que se realizó en base a las ofertas de 29 grupos económicos, algunos incluso con relaciones de dependencia respecto al grupo BFA. "No hubo competencia para fijar un precio que fuera técnicamente correcto", insistió Busquets, que reconoció que no se realizó una comparativa con los precios de otras salidas a Bolsa, como la de Banca Cívica.
Inversores y minoristas, desinformados
Los expertos del Banco de España abrieron también la puerta a que los inversores institucionales puedan reclamar en este proceso. A su juicio, los grandes inversores no estaban "suficientemente informados" sobre los estados financieros, es decir, sobre la verdadera situación financiera de la entidad, al igual que los minoristas. "Los datos del folleto eran claros pero no así los estados financieros", insistieron.
La reformulación efectuada por Goirigolzarri, que detectó unas pérdidas de 2.979 millones se debió a los "errores contables de los anteriores gestores"
Tanto Antonio Busquets como Víctor Sánchez insistieron que las cuentas de Rodrigo Rato, que arrojaban unos beneficios de 309 millones en 2011, "no eran correctas". Además, reiteraron que la reformulación efectuada por José Ignacio Goirigolzarri, que detectó unas pérdidas de 2.979 millones, no se fundamentó por un cambio en las estimaciones de riesgo de participadas o carteras de crédito, sino que se debió a los "errores contables de los anteriores gestores". En este sentido, Busquets explicó que se pudo realizar una rápida reformulación de las cuentas porque quien lo aprobó (Goirigolzarri ya era presidente pero el consejo que lo aceptó era el de la época Rato) "conocían la verdadera situación". "Era el mismo equipo gestor y conocían dónde estaban los ajustes".
Cuentas no tan claras
En la práctica, no pareció que las cuentas estuvieran tan claras. En su momento, existieron discrepancias sobre la cantidad que necesitaba el grupo BFA-Bankia para su saneamiento. Según Rodrigo Rato, ya fuera de la entidad, el grupo necesitaba 7.000 millones para recapitalizarse. El Banco de España cifró una necesidad de 11.000 millones. Finalmente, el nuevo equipo de Goirigolzarri solicitó algo más de 19.000 millones.
Los peritos negaron que el empeoramiento financiero y de solvencia del grupo se debiera a un deterioro macroeconómico o al efecto de los decretos Guindos, que obligaron a la banca española a realizar provisiones por encima de los 80.000 millones. "Desde 2008, se intuían ya posibles pérdidas", explicaron los técnicos, que se basan en el acta de un consejo de Bankia, de finales de 2011, en el que José Manuel Fernández Norniella alertaba del grave deterioro de las empresas inmobiliarias del grupo.
Pese a que no tienen derecho a formular preguntas, varios abogados de diferentes acusaciones particulares estuvieron presentes en la declaración de estos dos técnicos del supervisor en un sala abarrotada por abogados y peritos de las diferentes partes. El juez Fernando Andreu, que instruye el caso Bankia, no realizó preguntas en este primer día de toma de declaraciones.
Los informes de ambos expertos consideraban "incorrecto" el ajuste de los activos fiscales diferidos de BFA por valor de 2.744 millones, heredados de la época de Rato
Los dos peritos declararon al unísono salvo en alguna excepción como fueron el cómputo de los activos fiscales diferidos (impuestos que se dejan de pagar por la obtención de futuros beneficios) de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) en la reformulación de las cuentas efectuada por José Ignacio Goirigolzarri, cuando tomó posesión de la presidencia del grupo BFA-Bankia, en mayo de 2012. Los informes de ambos expertos consideraban "incorrecto" el ajuste de los activos fiscales diferidos de BFA (matriz del banco cotizado) por valor de 2.744 millones, heredados de la época de Rodrigo Rato. A juicio de Antonio Busquets, cuando se reformularon las cuentas por parte del nuevo equipo, "era evidente" que se podían recuperar "al menos 1.428 millones", puesto que se estimaba que el grupo obtendría beneficios en el futuro.
Mientras, el documento de Víctor Sánchez eleva la cifra hasta los 1.927 millones. Este perito razona en su informe que "el apoyo claro, manifiesto y decidido de las instituciones gubernamentales a las necesidades de capitalización del grupo, indicando en este sentido el señor Ministro de Economía que el volumen a inyectar será el suficiente para que la situación de solvencia y rentabilidad de BFA-Bankia quede garantizado" tendría que haber llevado a los nuevos gestores a realizar un cálculo sobre cuántos activos fiscales diferidos podrían recuperarse.
En la práctica, Goirigolzarri no lo hizo. De haberlo hecho, el grupo podría haber reducido las pérdidas (por tanto, la cuantía del rescate) en esa cantidad. Los expertos del Banco de España, que colaboran con Andreu en la investigación del caso Bankia, defendieron la elaboración de dos informes para "poder preservar su independencia".
Esta martes, tocará el turno a las defensas. Iniciará los interrogatorios el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), actual dueño de la entidad. Bankia también preguntará a los dos peritos. Ambas instituciones intentarán mostrar las discrepancias existentes entre los dos técnicos en sus informes.
