La falta de acuerdo con CEOE en el Factor de Equidad Intergeneracional en la reforma de las pensiones tendrá una penalización por parte de la Comisión Europea, que establece que esta reforma y la laboral deben consensuarse con los agentes sociales. Este Factor, clave para asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, faltaba por negociarse dentro de la primera parte de la reforma, sobre la que el Gobierno transmitió que en julio hubo acuerdo con los agentes sociales. Finalmente la clave de bóveda de la reforma, que se dejó para más adelante por su complejidad y dificultad para lograr un pacto, sale sin acuerdo. Lo que está por determinar y que estudia la Comisión es cómo se van a penalizar los incumplimientos y desviaciones en las reformas comprometidas, para lo que se contempla recortar los fondos o plantear amonestaciones.
El compromiso de que haya acuerdo con patronal y sindicatos afecta de lleno por lo tanto al segundo tramo de los fondos europeos que recibirá España, el mayor de Plan de Recuperación, de un montante de 13.793 millones de euros, que depende de que el Gobierno cierre las reformas laboral y de las pensiones en tiempo y forma y con acuerdo de los agentes sociales. Así lo trasladan fuentes conocedoras tras conocerse que la patronal se ha descolgado de la mesa de negociación y del acuerdo que alcanzaron este lunes Gobierno y sindicatos sobre una subida de cotizaciones sociales de 0,6 puntos en diez años, de la que 0,5 puntos recaerán sobre la empresa y 0,1 puntos sobre el trabajador.
La Comisión Europea insta a respetar el diálogo social en unas reformas con un impacto decisivo en el mercado laboral y en el sistema público de pensiones de España. Es lo que venía estableciendo en su 'Staff Working Document', en el que señala que lo hace por asegurar el consenso más amplio posible y su éxito, y plantea el 'Operational Arrangement' que el Gobierno hizo público la semana pasada.
En juego, la partida mayor de los fondos, que deberá pedirse en el primer trimestre de 2022 una vez que se hayan aprobado las reformas, para las que la Comisión Europea exige además acuerdo con los agentes sociales. Cabe recordar que España acaba de pedir los primeros 11.494 millones a los que tiene derecho por las reformas realizadas hasta junio y que el Gobierno aseguraba desde principios de octubre que iba a reclamar en breve. En realidad se han reclamado 10.000 millones, y la diferencia se irá restando en todos los pagos del anticipo de 9.000 que se concedió.
Pues bien, en diciembre volverá una representación de la Comisión Europea a España a examinar el estado en el que se encuentran estas reformas, para las que tiene que decidir cómo se van a penalizar desviaciones e incumplimientos. En este sentido, puede haber un recorte de los fondos asignados para el tramo. Fuentes conocedoras explican que en estos casos la propia Comisión recomienda a los Estados no pedir el tramo completo para evitar precisamente una escenificación del ajuste no deseado de la partida.
También cabe una amonestación y el que se pidan explicaciones. Si finalmente Bruselas considera que el pacto no es necesario técnicamente para el desembolso completo de la partida, la falta de acuerdo no es una buena noticia y hará la evaluación más compleja, destacan fuentes conocedoras, tanto de esta reforma como la laboral, a la que va ligada, según señala el acuerdo con el Gobierno español. La falta de acuerdo en la reforma de las pensiones puede además complicar la evaluación que hará Bruselas de la reforma laboral y hacer más importante el pacto en esta última.
Con el acuerdo de este lunes con los sindicatos, Inclusión ha cumplido el plazo que se marcó del 15 de noviembre y remitirá ahora el texto al Congreso con la intención de que el Grupo Socialista lo incluya in extremis como enmienda in voce en la votación. El acuerdo con los grupos no será fácil de cara a tener la reforma aprobada el 31 de diciembre. De momento, Podemos ha retirado las dos enmiendas que registró a la reforma y no se ha mostrado especialmente crítico con el Factor de Equidad Intergeneracional, y fuentes parlamentarias no descartan que ERC se acabe absteniendo.
Mucho más retrasada va la reforma laboral, sin ni siquiera un borrador que pudiera llevarse al Consejo de Ministros, y que tiene que estar igualmente validada el 31 de diciembre. Trabajo quiere acelerar el proceso y ha convocado dos reuniones de la mesa de negociación a la semana.
