El veto al despido por causa de la guerra de Ucrania se limita al máximo en el Real Decreto-ley que aprobó ayer el Consejo de Ministros y que publica hoy el BOE. No sólo se restringe a las empresas que reciban ayudas, sino que se hace sólo por causa del alza de los precios de la energía, lo que permite despedir por otras causas relacionadas con la guerra, sino que, a diferencia de las restricciones que se pusieron en la pandemia, la norma limita el efecto para las empresas que despidan y hayan recibido ayudas de este Decreto a que deberán devolverlas.
El veto al despido es mucho más restrictivo que lo que ha planteado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en línea con las reticencias a esta medida que ha mostrado la vicepresidenta ara Asuntos Económicos, Nadia Calviño. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros exhibieron una unidad que en los días previos al cierre de la norma brilló por su ausencia.
Díaz anunció que estaba trabajando en ello el pasado jueves. Quería recuperar la prohibición general al despido procedente por causa Covid, aunque en realidad los ERTE de la reforma laboral ya topan el despido a las empresas que se benefician de exoneraciones. Calviño mostró su rechazo a esta medida el fin de semana, consideró que ahora no era adecuada, en alusión a la necesidad de que las empresas se reestructuren, y este lunes destacó que se plantearía sólo para las empresas que se beneficien de las ayudas del plan. Sin embargo, Díaz insistió a continuación en la necesidad de que fuera una prohibición general y destacó su incomprensión a que hubiera quien no secundara su planteamiento, en referencia a Calviño.
Finalmente, a diferencia de lo que se hizo en la pandemia, que se prohibía completamente cualquier despido por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, ahora sólo se dice que "el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022". Y se estipula que el incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida. Podrán despedir las empresas que sufran falta de suministros, lo que está afectando a las de alimentación y a la industria, entre otras, las que vean un descenso de su actividad por impacto de la guerra, el caso del turismo o la hostelería, por ejemplo.
En cuanto a los ERTE, aquí sí que se permite alegar "causas relacionadas con la invasión de Ucrania", todas ellas, para acogerse a uno. Estas empresas, "si se benefician de apoyo público", no podrán sustentar despidos en estas mismas causas. Aquí no se alude a la devolución de ayudas de este Decreto. Los ERTE de la reforma laboral ya prevén un veto al despido de seis meses o si no, se devolverán las exoneraciones de cuotas de la Seguridad Social.
El que los ERTE sí puedan alegar todas las causas relacionadas con la guerra muestra el objetivo de Díaz de que se acuda masivamente a esta figura, que según ha advertido CEOE, coarta la libertad empresarial. El Banco de España venía alertando en la pandemia de que la normativa de los ERTE limitaba una necesaria reestructuración empresarial.
Ayer se produjo un intercambio de acusaciones entre la patronal y Díaz en este sentido. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, espetó a Díaz: "Si no permite despedir, que monte una empresa ella". Acusó al Gobierno de "intervencionista" al aprobar este tipo de medida y alegó que las empresas, cuando despiden, "no lo hacen por afición". Poco después, Díaz le recordó que la propia CEOE ya aceptó un mecanismo prácticamente idéntico en el diseño de los ERTE de la pandemia, y se mostró confiada en que Garamendi tiene "la suficiente empatía como para entender que no se puede recibir dinero público y a la vez despedir".
"Márketing político"
Pero el veto al despido del que saca pecho Díaz no es como lo pinta, según ha subrayado Ferrán Bel, diputado del PDCat. Se trata de "márketing político", una medida cosmética, ha denunciado Bel en el Congreso. "Las cosas no van por ahí, que se quede tranquilo el señor Garamendi", ha dicho.
En cualquier caso, los expertos a los que ha consultado Vozpópuli advierten de que la norma es confusa y peca de una mala técnica legislativa, y auguran que volverá a pasar como en los despidos de la pandemia, que no está claro si los vetados deben ser improcedentes o nulos; estos últimos conllevan la readmisión y el pago de salarios de tramitación. Esto propicia diversas interpretaciones en los tribunales y falta de seguridad jurídica.
