La empresa catalana eCooltra ha sido elegida distribuidora oficial de las motos eléctricas de la Administración Pública dentro del Acuerdo Marco del Estado para el suministro de este tipo de vehículos.
Un contrato total de 91,7 millones de euros de los cuales más de 20 millones irán a parar a las arcas de la empresa catalana fundada por el barcelonés Damián Martín y el alemán Timo Buetefisch. Uno de cada 4,5 euros invertidos en motos eléctricas por los más de 400 organismos públicos españoles irán a parar a la empresa catalana. Del total de administraciones públicas unas 320 son ayuntamientos.
La compañía aspira a facturar 50 millones de euros en 2019, si bien sus cuentas de 2015, a las que este medio ha tenido acceso a través de Insight View, arrojan pérdidas por valor de 152.000 euros. Hay que tener en cuenta que hace tres años aún no se había producido la explosión del mercado de los vehículos compartidos, donde es uno de los actores principales.
La compañía catalana cuenta con una flota total de 15.000 vehículos distribuidos por toda España. Sus servicios de moto compartida son utilizados principalmente en Madrid y Barcelona
2019 acabará con la entrega de 160 vehículos eléctricos a organismos públicos por parte de eCooltra. Una cifra que se disparará con este nuevo contrato.
Hasta 2020
El acuerdo tiene una vigencia de dos años, prorrogables otros dos años más. BMW, Yamaha, Suzuki, Peugeot o Piaggio son algunas otras marcas que se han adjudicado los en torno a 70 millones de euros restantes del total de 91,7 millones de euros de la la adjudicación. "eCooltra es la única compañía que entregará vehículos 100% eléctricos, el resto de marcas también dotará a las administraciones públicas de motos eléctricas, pero también de gasolina", explican las mismas fuentes.
La compañía catalana cuenta con una flota total de 15.000 vehículos distribuidos por toda España. Sus servicios de moto compartida son utilizados principalmente por usuarios en Madrid y Barcelona, además de en otras grandes ciudades de Europa.
El acuerdo alcanzado con las administraciones públicas españolas incluye, entre otras cosas, mantenimiento oficial, motos de sustitución policial y atención al cliente las 24 horas del día.
