Cataluña incrementará su recaudación fiscal en 300 millones de euros en 2021, gracias a las modificaciones tributarias aprobadas a lo largo de este año, según estima la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su último informe.
En concreto, las reformas se han realizado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), con el que ingresarán 145 millones adicionales; el canon de residuos; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), que aportará 9 millones de euros; y otros tributos, a los que se suma la creación de nuevas figuras impositivas medioambientales, con los que ingresarán 152 millones de euros.
El conjunto de comunidades autónomas va a aprobar medidas de subida fiscal por valor de 337 millones, de los cuales 306 los abonarán los catalanes. El resto serán incrementos de ingresos de Baleares (un millón de euros por impuestos medioambientales), la Comunidad Foral de Navarra y La Rioja.
Navarra contempla para 2021 ingresar 15 millones de euros más, que compensarán la rebaja fiscal aprobada en 2019 en el IRPF y el Impuesto sobre Patrimonio, que minorarán la tributación en 56 millones; mientras que La Rioja incrementará sus ingresos en 15 millones por las modificaciones aprobadas en 2020 en el Impuesto sobre el Patrimonio y el ISD, aunque ingresará 4 millones menos en IRPF; y Baleares recaudará un millón de euros más por tasas medioambientales.
Que todos paguen más
La subida fiscal en Cataluña coincide en el tiempo con la polémica que se ha desatado durante la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado por la intención de Esquerra Republicana de Cataluña de acelerar la armonización fiscal en toda España, para subir los impuestos en aquellas comunidades en las que son más bajos, como la Comunidad de Madrid, a la que han señalado directamente.
ERC quiere que el Ministerio de Hacienda se comprometa a ejecutar cuanto antes esa armonización fiscal -que estaba en la agenda del Gobierno desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa en 2018- para luchar contra lo que denominan 'dumping fiscal' o competencia desleal por parte de las regiones con tributación más baja, sobre todo en el ISD y el Impuesto sobre el Patrimonio.
La Comunidad de Madrid, sin embargo, ya ha advertido al Gobierno de que si lleva a cabo esta armonización, presentará un conflicto de competencia al Tribunal Constitucional, como publicó Vozpópuli.
