La Generalitat de Cataluña no sólo está teniendo serias dificultades para pagar a las farmacias unos 330 millones que les debe. De acuerdo con los datos registrados en Hacienda a fecha de agosto de 2015, la Comunidad catalana acumula en total 2.370 millones de euros en facturas sin abonar a proveedores, de los cuales 1.539 millones obedecen a gastos sanitarios.
A pesar de los 5.822 millones facilitados por el Fondo de Liquidez Autonómico hasta agosto de 2015, el Govern de Artur Mas ha aumentado en los últimos doce meses su deuda comercial en 856 millones de euros y suma de lejos más que ninguna otra Autonomía, seguida de Andalucía con 1.635 millones, Valencia con 1.523 millones y Madrid con 989 millones de euros. Mientras Artur Mas gasta en consejos asesores para la transición y en la construcción de estructuras de Estado, los servicios básicos se deterioran. Ni siquiera ha comenzado de verdad el proceso de desconexión, pero la Generalidad ya presenta serios problemas para poder pagar a sus proveedores. Hasta el punto de que de los 67.855 millones que tiene de deuda Cataluña según el Banco de España, 37.676 millones se corresponden con los fondos facilitados por Hacienda entre el Fondo de Pago a Proveedores y el FLA, una prueba fehaciente de que con la calificación de bono basura la Generalitat tan sólo puede financiarse gracias al Estado español. Imagínense qué ocurriría si encima Cataluña se escindiese sin contar con una estructura recaudatoria tal y como sucede ahora mismo.
La Generalitat ha aumentado en los últimos doce meses su deuda comercial en 856 millones de euros y suma de lejos más que ninguna otra Autonomía
Sólo para el conjunto de 2015 la Generalitat ya había solicitado a Hacienda a principios de año unos 9.500 millones con el fin de financiar, entre otros, unos 1.440 millones de objetivo de déficit, 4.059 millones en vencimientos, 624 millones para devolver líneas ICO y de Pago a Proveedores de 2012, 2.322 millones para préstamos de la banca que vencen y 578 millones para déficits sin financiar de ejercicios anteriores.
Fuente: Ministerio de Hacienda
En total, las CCAA adeudan a sus proveedores a fecha de agosto de 2015 unos 9.475 millones de euros. De ahí que sea normal que todas ellas con Cataluña a la cabeza estén presionando para que se liberen unos 7.000 millones que han quedado sin asignar y que Hacienda presta este año a tipo cero. El problema radica en que el FLA y la Facilidad Financiera, el fondo que presta a las Autonomías cumplidoras, normalmente financian los vencimientos de deuda financiera y el objetivo de déficit permitido. Sólo eso. Sin embargo, una buena parte de ellas ya incumple los objetivos de déficit en agosto y, por lo tanto, precisan más. No en vano, el think tank Fedea prevé que el desfase presupuestario de las Comunidades se sitúe al cierre del ejercicio en el entorno del 1,4 por ciento, justo el doble del objetivo del 0,7 por ciento fijado para el conjunto del año. Se están pasando en unos 7.000 millones de euros. Y así es normal que precisen de más fondos para no hacer una bola con sus proveedores.
Las Comunidades Autónomas adeudan a sus proveedores unos 9.475 millones de euros a fecha de agosto de 2015
Ahora bien, de repartir esos préstamos el Gobierno estaría financiando a tipo cero el exceso de gasto de las Comunidades, razón por la que las cumplidoras bien podrían enojarse. De hecho, en los ocho primeros meses del año la Comunidad de Cataluña se ha ahorrado 916 millones de euros en intereses respecto al mismo periodo del año anterior, prácticamente lo mismo que lo que la Generalitat está aumentando el gasto una vez descontada esa inestimable ayuda con los costes financieros.
La deuda comercial de las CCAA ha engordado en los últimos doce meses en 2.147 millones hasta los 9.475 millones de euros antes mencionados. Es decir, casi la mitad del incremento se achaca estrictamente a la región presidida por Artur Mas. En términos relativos, Cataluña es la cuarta Autonomía que más deuda con proveedores soporta al alcanzar el 1,16 por ciento de su PIB frente al 1,74 por ciento del PIB de Murcia, el 1,5 por ciento de Valencia y el 1,18 por ciento de Aragón.
