Ni el artículo 155 de la Constitución, ni nada de nada. El Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende dar una respuesta muy gradual al desafío soberanista. Algo que no alimente todavía más el victimismo. De modo que la primera vía que se está explorando para enfrentarse al órdago nacionalista consiste en recortar la liquidez a la Generalitat de Cataluña. Montoro se ha lavado las manos. Está harto de poner la cara y ha dejado el asunto sobre la mesa del presidente, quien tiene que decidir si se cierra el grifo del Fondo de Liquidez Autonómico, el auténtico fondo de rescate con el que el Gobierno central puede acabar sometiendo al Govern de Artur Mas. “El Estado no está para financiar veleidades independentistas”, deslizó este martes el titular de Hacienda. ¿Acaso ha llegado el momento de echar el telón a la pantomima secesionista?
Por tentador que parezca, no todos los ministros se muestran a favor de dejar cocer a la Generalitat en su propia salsa de impagos. Como adelantó este martes Vozpópuli, hay 1.539 millones en gastos sanitarios sin pagar. Y precisamente el ministro Alonso no quiere que se desatiendan esos servicios. Hasta ahora la excusa para el ‘laisser-faire’ se resumía en que no se podía abandonar a los ciudadanos catalanes. La misión del Estado no es otra que garantizar la prestación de los servicios sea cual sea el territorio, con independencia de que los dirigentes regionales sean unos irresponsables. Sin embargo, la apuesta independentista está cobrando unas dimensiones inusitadas. Poco a poco se abre la puerta a una forma distinta y más sútil de detener a los soberanistas, alejada de la tragicomedia del recurso a la Constitución. Acuciado por sus propias filas, el Gabinete de Rajoy trabaja en una fórmula para restringir la capacidad presupuestaria de los independentistas.
No todos los ministros se muestran partidarios de cerrar el grifo a la Generalitat. Pero sí que se perfila una estrategia para restringir la capacidad presupuestaria del Govern sin recurrir al 155
De acuerdo con los datos registrados en Hacienda, la Generalitat acumula una bola de 2.370 millones de euros de deuda comercial, más que ninguna otra Autonomía. Con enormes dificultades, el Govern juega a darle una patada tras otra al dinero que debe a los proveedores. Pero aun así la pelota ha aumentado en los últimos doce meses en 856 millones de euros. Los 330 millones que no ha abonado a las farmacias se antojan una broma comparado con todo lo que se adeuda.
De la forma en que está estructurado el Fondo de Liquidez Autonómico, el Gobierno no puede prestar a la Generalitat con carácter finalista. Puede dejarle el dinero a tipo cero a fin de que paguen a las boticas. Sin embargo, a renglón seguido el Govern puede destinarlo a sus aventuras soberanistas como el Consejo Asesor para la Transición Nacional, las embajadas o la constitución de una agencia tributaria propia.
Aunque siempre haya existido un tira y afloja debido a la financiación, a lo largo de esta legislatura la Generalitat ha sido capaz de avanzar de cambalache en cambalache. La indulgencia del Estado central con los excesos de déficit catalanes ha constituido más bien la nota predominante. A pesar de las declaraciones, la relación entre Mas-Colell y Montoro nunca ha sido mala.
Tan pronto como la Generalitat incumpla la Ley de Morosidad, Hacienda podrá pagar directamente a los proveedores saltándose al Govern. Y se acabó eso de que se gasten el dinero en lo que quieran
Pero el momento de la verdad se aproxima. El pulso soberanista se ha ido de madre. Las elecciones mandan. Y ésta es una magnífica oportunidad para cosechar votos a tutiplén. Hasta el día de hoy el Gobierno de Rajoy no ha podido obligar a la Generalitat a dedicar sus recursos a unos menesteres y no a otros porque así lo marca la ley. De modo que ahora tiene ante sí dos opciones. Una es la de tratar de cambiar la normativa a toda prisa convirtiendo los fondos en finalistas. Y la otra simplemente consiste en dejar pasar el tiempo al más puro estilo Rajoy. Bajo el actual marco, el Gobierno sí que puede posponer la entrega del dinero del FLA al no estar cumpliendo la Generalidad con los criterios de prudencia financiera, tal y como se recoge en las condiciones del contrato del Fondo de Liquidez Autonómico. Bastaría con no brindar esos 2.300 millones que Cataluña demanda a cuento de los déficit sin financiar de ejercicios anteriores. Sin la línea de asistencia del Estado central, el Ejecutivo catalán acumularía retrasos e incumpliría la Ley de Morosidad. Y en ese preciso instante caería en las tupidas redes del Ministerio de Hacienda... ¡Bingo! Nunca se le reconocerá a Montoro la compleja maraña legislativa que ha diseñado para atajar los desmanes presupuestarios, un entramado jurídico que a él le gusta administrar con ciertas dosis de mano izquierda, ora dando un poco de cuerda, ora exhibiendo una pizca de chulería.
Tan pronto como la Generalitat infrinja la Ley de Morosidad, Hacienda podrá pagar directamente a los proveedores saltándose al Ejecutivo catalán. Una vez sobrepasados los plazos, esta legislación contempla que los suministradores acudan a Hacienda y reclamen el abono de sus facturas. A su vez, Hacienda pagaría al proveedor en su cuenta bancaria para cobrárselo luego a la Generalitat sustrayéndolo de las transferencias pendientes. O sea, con la Ley de Morosidad en la mano el Gobierno de Mariano Rajoy podría ir decidiendo qué paga y qué no. Se acabó eso de que se lo gasten como quieran.
Igual que España o Grecia hincaron la rodilla durante la crisis soberana, Cataluña tiene su talón de Aquiles en la financiación. Y la Ley de Morosidad puede dejarla sojuzgada a merced de Hacienda. En términos electorales, la estrategia puede dar un renovado impulso al PP. A Mariano Rajoy le toca decidir cómo ‘premia’ la deslealtad de los nacionalistas con unas elecciones a la vuelta de la esquina. Aunque nunca lo reconozca, el asunto está en manos del hombre tranquilo, que bien puede demorarlo convenientemente ‘sine die’.
