Economía

CBRE apoya las "medidas restrictivas" para los 'airbnb' adoptadas por Carmena

Luis Ferrero González, director de Urbanismo del área de Valoraciones de CBRE, asegura que tanto el Plan del Ayuntamiento de Madrid como el decreto del alquiler del Gobierno de Sánchez son medidas que "era necesario tomar"

  • Turistas buscando alojamiento.

La consultora internacional CBRE apoya las "medidas restrictivas" del Plan Especial de regulación del uso de servicios terciarios en la clase de hospedaje (PEH) aprobado el pasado mes de abril por el pleno municipal de Madrid gracias al apoyo de Ahora Madrid, formación que lidera la alcaldesa Manuela Carmena, y el PSOE-M.

Este plan busca "frenar la conversión de viviendas del centro en alojamientos temporales turísticos" y conseguir que los ‘airbnb’ se trasladen fuera del núcleo de la ciudad. Para ello, exige una licencia como actividad terciaria de hospedaje a los alojamientos que se alquilen durante más de 90 días y obliga a los propietarios a dotar de un acceso independiente a la vivienda para sus clientes, separado de la entrada común de la comunidad.

No obstante, estas restricciones no afectan a toda la ciudad, sino a los barrios del centro histórico, distribuidos en tres anillos concéntricos, con diferentes limitaciones en función de la saturación de alojamientos. 

Además, el decreto del alquiler aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de marzo también dio un paso más en la regulación de los pisos de alquiler turístico a nivel estatal. Hasta entonces se requería unanimidad en la comunidad de vecinos para limitar o condicionar el ejercicio de la actividad; pero con la nueva regulación es suficiente con que tres quintos estén de acuerdo.

Medidas necesarias

Luis Ferrero González, director de Urbanismo del área de Valoraciones de CBRE, asegura que "se trata de medidas que era necesario tomar, pues la generalización de las viviendas de uso turístico de forma desordenada, no profesional y sin regulación está provocando serios problemas en las zonas centrales de las ciudades y especialmente en la ciudad de Madrid".

Según Ferrero, provoca "problemas de convivencia en las comunidades de vecinos, donde los habituales residentes se ven obligados a convivir con nuevos vecinos ocasionales que no siempre respetan las normas", algo que se ve constatado por "las numerosas denuncias que se interponen diariamente en Madrid por las comunidades de propietarios". 

Además, también alerta de la falta de seguridad de estos alojamientos, pues "están incrementando desproporcionadamente el aforo de los edificios, sin unas medidas legales que acompañen a tal proceso y sin contar con personal adiestrado que pueda ayudar en caso de evacuación".

Finalmente, el directivo de CBRE hace alusión al "agravio comparativo" que se genera con las hoteleras, "obligadas a cumplir con la normativa de urbanismo, la turística y la burbuja en los precios de los alquileres". En este sentido, Ferrero apunta que el Plan de Carmena también afecta a los hoteles y "quizás no sean necesarias esas limitaciones par un sector tan profesionalizado".

El futuro de los 'airbnb' tras las elecciones

El Plan de Carmena contó con la oposición del Partido Popular y Ciudadanos, así como el rechazo de los propietarios y operadores como Airbnb, que incluso acudieron al pleno con camisetas que pedían regulación pero no prohibición.

En este sentido, desde la consultora CBRE apuntan que tras las elecciones celebradas el pasado 26 de mayo "se están haciendo conjeturas con la posibilidad de que el nuevo gobierno municipal lo anule", pero ven "difícil" que esto ocurra "ya que sería ir en contra de las políticas restrictivas que se están imponiendo en toda Europa".

No obstante, las partes afectadas sí pueden interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado; es decir, antes del 23 de junio. De hecho, el Tribunal Constitucional (TC) ya ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el decreto del alquiler de Sánchez.

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