El goteo de antiguos directivos de cajas de ahorros señalados por la Justicia no cesa. La antigua cúpula de Caja Duero ha sido la última en entrar en el club de los banqueros imputados. El titular del juzgado 52 de Madrid ha decidido acusar a los antiguos vicepresidentes Víctor Pedraz y Gerardo Pastor, así como a los ex consejeros Isaías García Monge y Juan Antonio Martín Mesonero, de presunta "administración desleal", según confirman a este medio fuentes jurídicas. Los tres ex directivos prestarán declaración a lo largo del mes de julio.
La imputación se fundamenta en la investigación del conocido como 'caso Nozar', por el que ya prestaron declaración en Plaza Castilla, en octubre pasado, Julio Fermoso, ex presidente de Caja Duero y Lucas Hernández, exdirector general, como informó Vozpópuli. El magistrado cree que ambos podrían haber cometido un delito de administración desleal, según hizo constar en un auto de noviembre. También forma parte de la nómina de imputados el propio director general del CEISS, José María de la Vega, antiguo directivo de Caja Duero, que también ha desfilado por Plaza de Castilla. El actual director general de CEISS ocupaba el cargo de director de Desarrollo Corporativo de Caja Duero en 2008.
En aquel auto el titular del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid explicaba que, a principios de 2008 y en una reunión del Comité de Participadas de Caja Duero, se planteó la propuesta de Nozar para que la entidad financiera dirigida por Fermoso y Lucas comprara activos a la constructora, ya que esta empresa debía 120 millones a la entidad. De esta manera, la ex caja castellana llevó a cabo dos operaciones por un montante de 90 millones con la inmobiliaria Nozar que ahora se están investigando. La primera de ellas fue la compra a la constructora Nozar del edificio Titán de Madrid por 55,8 millones de euros, una valoración muy superior a su precio de mercado de entonces, cifrado por una tasación actual de CEISS conforme a los valores de 2008 en 40 millones de euros. Estos 55,8 millones sirvieron a Nozar para cancelar una tercera parte de la deuda que tenía con la propia Caja Duero, otro tanto con el BBVA y el resto para libre disposición.
Pero no fue la única operación dudosa, según el Juzgado. Tan sólo un mes después, en abril de 2008, Caja Duero concedió un crédito a Nozar por importe de 34,5 millones de euros, que el grupo constructor avaló con tres sociedades de su entramado empresarial: Aguas de Panticosa, que explota el balneario oscense; la chacinera Marcos Sotoserrano y la quesera manchega Qualia Lácteas, tres sociedades con una situación financiera muy delicada con pérdidas continuadas.
El ex alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, se libra de la imputación pese a que también formaba parte de la comisión que financiació las operaciones irregulares a Nozar
Nozar, que un año después presentó concurso de acreedores con una deuda de 700 millones de euros, no pudo pagar el crédito que le había concedido Caja Duero. Por este motivo, el Juzgado 52 de Madrid imputó judicialmente por el 'caso Nozar' a los máximos responsables de la entidad en 2008.
De la misma comisión ejecutiva formaba parte un séptimo miembro, el ex alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, quién de momento ha sido excluido de la imputación. Dada su actual condición de senador y por tanto de aforado, Lanzarote solo podría ser imputado por el Tribunal Supremo, que, si se diera esa eventualidad, tendría que hacerse cargo del caso.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid inició la investigación sobre los principales exdirectivos de Caja Duero —Julio Fermoso, expresidente, y Lucas Hernández, exdirector general— tras una denuncia de Banco CEISS a instancias del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del Banco de España. CEISS encargó un informe jurídico a un gabinete de abogados externo sobre operaciones dudosas de Caja Duero, que recomendó denunciar cuanto antes los hechos para evitar la prescripción de los posibles delitos.
Estas nuevas imputaciones se conocen pocos días después de que cuatro ex altos cargos de Caixa Penedès se convirtieron en los primeros banqueros condenados por la Justicia por haber percibido de forma ilegal unas jubilaciones millonarias cuando abandonaron sus cargos. Estos ex directivos pactaron sortear la cárcel a cambio de devolver 28,6 millones. En la actualidad hay cerca de 200 ex banqueros imputados y 20 entidades investigadas.
