La CEOE ha propuesto al Gobierno que en lugar de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) apruebe una bonificación o deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para colectivos como los jóvenes, las empleadas del hogar o los trabajadores del campo, entre los que es más frecuente cobrar el SMI, según ha podido saber Vozpópuli de fuentes de la organización.
Esta medida tendría el mismo efecto, en la práctica, sobre los trabajadores con menos ingresos que un incremento del Salario Mínimo, ya que con una menor tributación en el IRPF tendrían un mayor sueldo neto y no perderían poder adquisitivo ante la subida de los precios, una de las razones principales por las que los sindicatos exigen un alza del SMI.
Las empresas, por su parte, no tendrían que hacer un sobreesfuerzo en el pago de nóminas ni tampoco verían incrementadas las cotizaciones sociales que pagan a la Seguridad Social por el efecto de aumento de las bases mínimas de cotización, lo que mantendría estables sus costes laborales.
Por otro lado, al no subir ningún salario, no se produciría un efecto arrastre sobre el resto de sueldos en el mercado laboral, lo que a su vez contendría los gastos del tejido productivo.
De esta manera, se evitaría también que hubiera una menor creación de puestos de trabajo, como la que se ha producido en el pasado al aprobarse incrementos del SMI, según la evidencia arrojada por el Banco de España en su último informe.
Caería la recaudación del Estado
La medida, sin embargo, sí tendría un efecto directo sobre las arcas públicas, ya que supondría una merma de la recaudación tributaria para Hacienda y también menores ingresos para la Seguridad Social al no producirse un aumento de las cotizaciones, de ahí que haya sido descartada por el Ministerio de Trabajo en el curso de las negociaciones.
El Ministerio que dirige María Jesús Montero no puede permitirse una caída en los ingresos tributarios, dado el constante aumento del gasto público derivado de la pandemia -en medidas para proteger las rentas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o en medidas sanitarias como la compra de vacunas- y dado su compromiso de mantener en los próximos años el nivel de gasto social.
El de Seguridad Social, por su parte, necesita garantizarse cada vez más ingresos vía cotizaciones sociales para poder afrontar el gasto en el pago de las pensiones, que no para de aumentar por el efecto de que las nuevas altas al sistema cobraban sueldos más altos, por la revalorización anual con el IPC y por la inminente jubilación de la generación del babyboom.
Estas son las razones principales por las que la medida no ha tenido éxito en la mesa de diálogo social, aparte de que el Ministerio de Yolanda Díaz está decidido a subir paulatinamente el SMI hasta que llegue al 60% del salario medio al término de la legislatura, con un primer incremento para lo que queda de 2021.
El Gobierno se debate entre la búsqueda del acuerdo o la subida unilateral
Las negociaciones no han llegado a buen puerto (los sindicatos quieren una subida más alta de la que propone el Ejecutivo -de entre 12 y 19 euros para lo que queda de año- y la patronal se niega a cualquier aumento), de ahí que se haya decidido darlas por terminadas.
Prosiguen los contactos informales y la ministra ha prometido seguir intentando llegar a un acuerdo para el incremento de este año y los próximos, pero en caso de no lograrlo sería posible que el Ejecutivo legisle sin acuerdo y apruebe la subida de forma unilateral.
Además de cuánto, tendrá que decidir desde cuándo, y posicionarse en la disputa entre Yolanda Díaz, partidaria de subirlo con efecto retroactivo desde el día 1 de septiembre, y Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, quien apuntó al mes de octubre.
