En la última junta directiva de la patronal, el vicesecretario general de Asuntos Económicos, Laborales e Internacionales de la CEOE y hermano del jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Alberto Nadal, afirmó: “El Gobierno nos está engañando. Nos dijo que rebajaría los costes laborales y los ha subido de media un 2 por ciento”.
Pese a la presunta proximidad ideológica e incluso las relaciones de sangre, la tensión entre el Gobierno y la CEOE va 'in crescendo'.
Aunque al principio hubo cierta colaboración y el Ejecutivo hasta llegó a manejar un informe de la patronal para su reforma del mercado de trabajo, ahora las tiranteces se han instalado. Las decisiones del Gabinete de Rajoy están enfadando mucho a los representantes de la confederación empresarial.
“Han hecho justo lo contrario de lo que nos prometían”, reiteran varios miembros de la junta directiva en privado. Éstos se mostraron bastante comedidos con la titular de Empleo, Fátima Báñez, porque el presidente, Juan Rosell, impuso al comienzo de la junta que habría que “darle un aprobado a la ministra”.
Pero ayer las tensiones afloraron con el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Éste prepara un Proyecto de Ley para las Cámaras de Comercio que en la CEOE se interpreta como un intento de suplantarla. “El PP siempre se ha mostrado muy receloso con la CEOE y ahora aprovechan para sustraerle poderes”, explica una fuente empresarial.
García-Legaz elaboró ante la cúpula de la patronal una exposición corta sobre la internacionalización y otra más larga sobre el problema catalán. Y en cuanto tomaron la palabra los representantes empresariales, llovieron las críticas. “No se han creído nada de lo que dijo. No se creen nada de lo que les pueda decir el Gobierno”, comenta un testigo directo. Al ver un ambiente tan tenso, García Legaz optó por mirar el reloj, cortar el debate y marcharse.
“La gota han sido los Presupuestos. Son impresentables, pero algunos directivos han dicho que si no los defendemos nosotros, ¿quién los va a defender?”, explica una fuente de la patronal.
Los agravios del Gobierno a la CEOE se han sucedido. La lista es larga: el Ejecutivo ha recortado el dinero que brinda a las patronales para formación y que servía para financiarlas; ha subido el IVA, lo que supuso un duro golpe más para muchos sectores, sobre todo de la distribución; ha eliminado las bonificaciones a la contratación, medida que resta a las empresas unos 1.000 millones de euros según cálculos de la CEOE; ha subido un 5 por ciento las cotizaciones más altas y ha ampliado las bases de cotización al cobrar por conceptos antes exentos como el plus de transporte.
En conclusión, los costes de los empresarios han subido. Y esto no se compensa con medidas que ayuden a la iniciativa de las empresas. Antes de la presentación de los Presupuestos, Rosell intentaba templar los ánimos asegurando que en 2013 les rebajarían las cotizaciones. Pero al final el Ejecutivo no ha recogido la propuesta y la indignación se ha extendido.
Para colmo, las principales leyes que reclama CEOE se han estancado. La ley de unidad de mercado y la de emprendedores se encuentran en el dique seco y no se espera mucho de ellas. Rosell también ha intentado que se simplifique la legislación que afecta a las mutuas y que el control de la incapacidad temporal se transfiera a éstas. Sin embargo, eso tampoco prospera.
Y por si fuera poco, la parsimonia de Rosell para desmarcarse de los movimientos independentistas en Cataluña le ha hecho mucho daño. El presidente de la patronal sufre un frente en casa que intenta moverle la silla encabezado por Arturo Fernández, José Antonio Segurado y Santiago Herrero.
Este último ha perdido las elecciones de la patronal sevillana, ha visto desvanecerse el apoyo de los socialistas tras entregarse al PP esperando su victoria en Andalucía y tiene ahora que vender la sede en la Isla de la Cartuja por la falta de fondos. Y los otros dos tampoco consiguen el respaldo suficiente del resto. Sin embargo, sí que tienen más éxito a la hora de presionar y endurecer las posiciones de la CEOE para que exhiba una actitud más crítica con el Ejecutivo.
