Nueve de las organizaciones empresariales más importantes de la CEOE, hartas "de los oídos sordos del Gobierno", se han plantado ante el organismo presidido por Juan Rosell. Este mismo martes enviaron una carta conjunta con una serie de reclamaciones que pasan por emplazar al Ejecutivo a negociar de manera urgente la Reforma del Sistema de Formación Continua y concluir en un pacto que respete y acate las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional.
Tal y como adelantaba Vozpópuli el pasado 28 de febrero, el Tribunal Constitucional dictaminó que la cantidad aportada en las cotizaciones para formación profesional es finalista, está vinculada a la gente ocupada y la negociación colectiva y, por lo tanto, no puede ser destinada a otros menesteres distintos del de formar a los trabajadores en activo. Según el alto tribunal, en ningún caso estos recursos pueden desviarse hacia las políticas activas de empleo, que han de financiarse con las arcas del Estado.
Sin embargo, organizaciones como AMETIC, CEC, FED o CEOPAN denuncian "prácticas irregulares en el destino de los fondos de la cuota de formación profesional". Dicho de otra manera, una parte importante de estos ingresos, cuyo origen son las aportaciones de empresarios (0,6%) y trabajadores (0,1%) sobre la Base de Cotización, se están dedicando a otros fines distintos de los que causan la recaudación. De ahí que su petición sea "un pacto necesario y urgente, en el que el Gobierno ha de tener en cuenta a los que pagamos este Sistema de Formación".
"El Gobierno está haciendo oídos sordos y nosotros lo que pretendemos es que Rosell le diga al Ejecutivo que hay que sentarse a negociar"
"No es un ultimátum, pero si nosotros estamos obligados a cumplir la ley, el Gobierno también está obligado a cumplir las sentencias y el ordenamiento", declara a Vozpópuli José María López Bourio, presidente de AGESTIC, una de las patronales firmantes.
"El Gobierno está haciendo oídos sordos y nosotros lo que pretendemos es que Rosell le diga al Ejecutivo que hay que sentarse a negociar. No podemos seguir así", concluye López Bourio, añadiendo que "no estamos dispuestos a que 1.860 millones de euros no se destinen adecuadamente a formación continua por el Servicio Estatal de Empleo".
El Gobierno ha destinado parte de estos fondos para trabajadores en activo a formación de desempleados
En el escrito conjunto, las organizaciones firmantes señalan que "la actual situación de crisis económica ha provocado que el Gobierno haya detraído fondos finalistas por ley para financiar otras actividades no siempre bien denominadas políticas activas de empleo". De cumplir la sentencia del TC, Empleo se vería privado de un dinero que utilizaba para desempleados y que brindaba a las comunidades autónomas para tenerlas contentas.
Propuestas
"Lo que planteamos es reformar el sistema y que haya transparencia, eficacia y rigor", explica López Bourio, añadiendo que sus pretensiones pasan "por una reforma atendiendo a quienes pagamos el sistema, sin hacer oídos sordos ni en base a las políticas del gobierno de turno".
Entre las proposiciones que se recogen, además de que se redefina el actual sistema de Formación Profesional y una reorientación del destino de dichos fondos para la finalidad para la que se crearon, también se incluye una revisión del Sistema de Formación de Desempleados. Y concluyen: "Estas propuestas no son más que cumplir la legislación vigente".
"Las cuotas de formación sólo sirven para formación", sentencia López Bourio. Aún no han recibido ninguna respuesta de la CEOE pero confían en que su carta sirva para instar a que el Gobierno de Mariano Rajoy se siente a negociar.
