La CEOE ha publicado este miércoles una agenda en la que incluye cien reformas que cree que el próximo Gobierno que salga de las urnas el 28 de abril deberá aplicar para "afrontar los grandes desafíos a los que se enfrentará la economía española en el futuro".
Sus propuestas son para responder a cuatro grandes retos: "La inestabilidad política, la falta de disciplina presupuestaria, el abandono del proceso de reformas estructurales y el quebrantamiento de la unidad de mercado", señalan en su página web.
Presupuestos y fiscalidad
En términos presupuestarios, los empresarios piden que el Ejecutivo se comprometa a cumplir con los objetivos de déficit, que incumple anualmente de forma sistemática, y que no aplique medidas que supongan aumentar el gasto sin que haya medidas de ingresos para financiarlos.
Piden que todos los niveles de la Administración tengan que cumplir con la regla de gasto, que se eliminen duplicidades y se quiten barreras a las empresas. "Se deben eliminar trámites", apuntan.
En el apartado de impuestos, instan al Gobierno a bajar los tributos que pagan las empresas, ya que alegan que su presión fiscal es superior a la media de la UE y la OCDE. En concreto piden reducciones en el Impuesto de Sociedades, que bajen las cotizaciones que las empresas pagan a la Seguridad Social, que haya deducciones en los primeros años de vida de una empresa, se bajen los tipos del IRPF y se elimine el Impuesto de Patrimonio.
Son contrarios a que se creen nuevas figuras impositivas y apuestan por eliminar impuestos autonómicos que provocan "distorsiones y comprometen la competitividad" regional.
Mercado laboral
A fin de fomentar la creación de empleo, la patronal pide que se racionalice el número de contratos, que no se penalice la contratación temporal y se incentive la contratación de jóvenes con fórmulas flexibles.
Para ello, piden que se disminuyan los costes laborales de las empresas, que no se limite la subcontratación y que se "modernice" la negociación colectiva.
En relación a los cambios que el Ejecutivo pretendía introducir en la reforma laboral del PP de 2012, la CEOE pide que se mantenga el cese de la ultraactividad y que siga teniendo prioridad el convenio de empresa sobre el sectorial.
Seguridad Social
Para hacer frente al problema de déficit que padece la Seguridad Social, la patronal sugiere que se revise su sistema de financiación de forma que el Ejecutivo asuma los gastos de carácter no contributivo.
Piden también que se aumente la edad de jubilación de forma paralela a la esperanza de vida, y que se fomenten desde el Ejecutivo los sistemas de ahorro complementarios a la pensión pública, como fondos y seguros privados.
Por último, solicitan que haya mejores mecanismos para controlar el absentismo laboral, ya que tiene "una importante repercusión en la productividad".
Educación, igualdad, sanidad y justicia
En el ámbito educativo, creen que el Gobierno debería garantizar "un marco normativo educativo estable a lo largo de los años" que se perpetúe con un horizonte temporal superior a los cuatro años que dura cada legislatura.
Señalan también que la educación debe contribuir a la posterior igualdad en el empleo, aunque en este sentido creen que se debe incentivar "la autorregulación" de las empresas para garantizar la igualdad de oportunidades y reconoce que se debe "avanzar en la racionalización horaria".
Para mejorar la sanidad, creen que habría que concluir un Pacto por la Sanidad que apoye un sistema sanitario universal y equitativo, aunque ven necesarias las fórmulas de colaboración público-privadas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
También abogan por un Pacto de Estado por la Justicia y piden que se eliminen las tasas judiciales para las empresas, ya que "suponen un trato discriminatorio frente a las personas físicas".
Otras propuestas
Los empresarios creen también que el Gobierno debería legislar para mejorar la competitividad exterior de las empresas españolas, fomentar su inversión en I+D+i, aplicar una política industrial más ambiciosa y promover una transición hacia una economía baja en carbono y circular.
Además, cifra en 114.000 millones la inversión en infraestructuras que necesita España y pide también medidas para salvaguardar la competitividad y liderazgo del sector turístico.
La defensa de la unidad de mercado es otra de sus reivindicaciones constantes para todos los sectores.
