La filial española de la empresa tecnológica finlandesa Nokia ha presentado un procedimiento de despido colectivo que afecta a un total de 162 trabajadores en toda España, lo que representa el 17,7% de una plantilla total de 915 empleados que tiene actualmente la compañía en el país, según ha informado la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT.
El sindicato ha mostrado su rechazo a esta "nueva oleada de despidos masivos", que se suma a las llevadas a cabo en años anteriores por la multinacional finlandesa que, una vez más, aduce causas objetivos y de producción, "en ningún caso económicas, para proceder a la destrucción de otros 162 empleos de calidad".
Motivos de los despidos
UGT afirma que resulta paradójico que Nokia se escude en la "robotización" de los procesos y las herramientas, así como en la "remotización" de las tareas de soporte y asistencia técnica a países "low cost" (Portugal, Hungria, Polonia, Rumanía, etc.) y de la Investigación y Desarrollo a India y China, para proceder a nueva destrucción de empleo cuando el sector de las telecomunicaciones es fundamental para facilitar la digitalización de la industria, el Internet de las cosas, el Big Data o el 5G.
"Pese a utilizar el argumento de la robotización, la dirección de Nokia Spain no ha presentado ningún proyecto industrial o de negocio que justifique a medio plazo la destrucción de empleo de calidad en España. La medida busca, por el contrario, el ahorro de costes a corto plazo cargando sobre los trabajadores la responsabilidad de los recortes, aun poniendo en riesgo el modelo de negocio local", afirma.
Por todo ello, la Sección Sindical de UGT FICA Nokia manifiesta su "rechazo total" a esta medida, tanto en lo que respecto al número de trabajadores afectados como al plazo de ejecución del procedimiento, así como sobre los argumentos planteados para justificar los despidos.
La Federación exige a la empresa que presente propuestas alternativas que eviten la adopción de medidas traumáticas para las plantillas y que garantice, al menos, las condiciones salariales y sociales alcanzadas en expedientes anteriores para facilitar tanto la reubicación de trabajadores como el carácter voluntario de las medidas.
