CEOE ha decidido pasar a la acción. Después de meses de limitarse a estudiar las propuestas del Gobierno en la mesa de negociación de la reforma laboral, iniciativas del Gobierno y de los sindicatos, hoy lleva sus propios documentos al encuentro. Los informes que presenta hoy las ha elaborado un grupo de expertos en los que confía la patronal, a los que se lo ha pedido después de semanas de vaivenes del Ejecutivo respecto a la naturaleza y objetivos de la propia reforma y con planteamientos contradictorios sobre temporalidad, contratos y ERTE postCovid.
Los papeles que hasta ahora se presentaban en la mesa de negociación eran del Gobierno, pero también de los sindicatos, que han planteado cuestiones que el Ejecutivo recogía. Las empresas se han hartado de limitarse a recibir una catarata de textos contradictorios y con un sesgo sindical y han decidido poner encima de la mesa iniciativas propias, explican fuentes conocedoras. Este sesgo sindical ha molestado a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económico, Nadia Calviño, trasladan las mismas fuentes, sin que hasta el momento se haya notado su regreso a la mesa de negociación de la reforma laboral.
Desde que volvió a principios de mes tras el enfrentamiento con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por el control de la reforma, para zanjar el choque el Gobierno emitió un comunicado en el que se comprometía a derogar la reforma laboral y ha presentado propuestas sobre temporalidad muy alejadas de la realidad del mercado de trabajo español, a ojos de la patronal. Tanto la que se dirimió esa misma semana con un tope fijo de temporalidad del 15% como la que ofreció el miércoles pasado, una jugada maestra de comunicación por la que los sindicatos ofrecieron una versión descafeinada del documento que se había presentado, que ofrecía nuevas vías para abordar la temporalidad peo que en realidad endurecía aún más las ratios de trabajadores temporales permitidas, de hasta un 8%, y de un 4% para grandes empresas.
Tampoco percibió CEOE la mano del Ministerio de Asuntos Económicos en la propuesta de ERTE que el Gobierno circuló la segunda semana de noviembre, un documento farragoso en el que se desarrollaba una nueva fórmula de ERTE postpandémicos especiales para coyunturas cíclicas y estructurales, en la que incluso se planteaba que estos expedientes tuvieran, no sólo control y autorización administrativo, sino del propio Gobierno en el Consejo de Ministros, capitaneado por Calviño. Y en la que cabía hasta el plan del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, para penalizar los despidos de fin de semana. Desde Economía reconocían la autoría inicial del documento, pero advertían de que luego habían metido su impronta Trabajo y otros Ministerios.
Estos vaivenes, además, han coincidido con la iniciativa de Escrivá de subida de cotizaciones 0,6 puntos para sufragar la jubilación de los 'baby boomers', en cuya negociación CEOE ha denunciado filtraciones y falta de información. Una propuesta que cada vez basculó más hacia los intereses de los sindicatos y que la patronal se negó a firmar.
Propuestas de expertos
Pues bien, CEOE ha tocado a un grupo de expertos del mundo académico y de la abogacía de los negocios para reunir propuestas propias que ha estado armando hasta ayer mismo y que hoy presenta en la mesa. Desde la patronal recuerdan que tienen un grupo de trabajo interno sobre la reforma laboral que ha analizado las propuestas que se le han presentado.
Este nuevo movimiento de las empresas se produce cuando Yolanda Díaz acaba de asegurar que la negociación de la reforma va muy avanzada pese a que de momento hay una catarata de documentos contradictorios, muchos de ellos con el rechazo tanto de la patronal como de los sindicatos. El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a tener la reforma laboral aprobada el 31 de diciembre, junto con la de las pensiones, esta última en el Congreso y a punto de ser remitida al Senado. La Comisión Europea exige que sendas reformas, clave para recibir el segundo tamo de fondos el Plan de Recuperación, dotado con 13.793 millones de euros, se hagan con acuerdo con los agentes sociales.
